Mucho se ha hablado del papel del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la crisis poslectoral de 2019. El comunicado que emitió esa vez quiso ser utilizado como un arma para validar la proclamación de la senadora Jeanine Áñez en la sucesión del dimisionario presidente Evo Morales.

Quiso decimos porque, al final, la legisladora ni mencionó el texto en su discurso de toma del poder en la Asamblea Legislativa, aunque los defensores de la “sucesión impecable” lo invocan siempre. Sin embargo, en su reciente libro, Jeanine, de puño y letra, Áñez cuenta que en la incertidumbre de aquel martes 12 de noviembre de 2019 “sale un comunicado del TCP dando una línea de lo que debíamos hacer para no prolongar el vacío de poder y procedimos conforme a las directrices”.

¿Por qué no hizo referencia al comunicado durante su proclamación? Es que ese comunicado “no tiene relevancia jurídica”, “no tiene valor legal” y “no es vinculante”, como lo dijo el mismo presidente del TCP de entonces, Petronilo Flores, en una comparecencia, en febrero de 2020, en la Asamblea Legislativa.

El Código Procesal Constitucional reconoce solamente tres tipos de resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional: sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales.

La historia de ese comunicado del TCP es azarosa. No partió de la iniciativa de los magistrados, sino al influjo del abogado, expresidente de la Cámara de Senadores y asesor del expresidente Jorge Quiroga: Luis Vásquez.

A él se le ocurrió la idea, la noche del 10 de noviembre, mientras recogía a su suegra, como cuenta Robert Brockmann en su libro 21 días de resistencia, la caída de Evo Morales. Para entonces, el monseñor Eugenio Scarpellini ya había propuesto a Áñez la sucesión y ella ya la había aceptado muy predispuesta.

Sin embargo, faltaba el sustento legal. Áñez no estaba en la línea de sucesión, más allá de las renuncias de los presidentes de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. Era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

“Había que hacer algo”, se propuso Vásquez, y recordó cómo en 2001, cuando renunció Hugo Banzer a la presidencia y lo sucedió el vicepresidente Jorge Quiroga, el TCP resolvió una interpretación constitucional que sobre el caso tramitó el mismo Quiroga.

El 31 de julio de ese año, el TCP emitió la Declaración Constitucional 0003/01, que estableció que el “Vicepresidente asume ipso facto del Presidencia de la República”.

En 2019, el TCP copió esa parte de la declaración, que incluso advertía: “(…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial”.

Sin embargo, lo que no consignó de la declaración de 2001 el comunicado del TCP de 2019 es el considerando III, cuyo acápite 111.1 dice: “Que, en consecuencia, luego de que el Congreso, de conformidad con el art. 68-4) de la Carta Magna, acepte la renuncia del señor Presidente, corresponde al Vicepresidente asumir la Presidencia de la República”.

 Un día antes de su proclamación, Áñez prometió la instalación de la Asamblea Legislativa para la lectura y consideración de las renuncias de Morales y del vicepresidente Álvaro García. Ni alcanzó su propósito, tomó el poder en sendos actos en la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa sin quorum ni presencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Es el eslabón perdido del oficio del TCP por salvar su situación en 2019.

 Cuenta Vásquez que ese 11 de noviembre “llamadas fueron, llamadas vinieron” con Flores. Incluso dice que éste busco “un puente” con “la casi presidenta Áñez”, a quien “los magistrados le expresaron su esperanza de no ser perseguidos”. Azaroso comunicado, pues. La presión era previsible entonces.

(*) Rubén Atahuichi es periodista