El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido un fallo que deja en fojas cero todo el proceso destinado a la realización de la elección de autoridades para el Órgano Judicial y, es más, ha ordenado que la Asamblea Legislativa que logre dos tercios de votos para la selección de candidatos.

A simple vista, el mencionado fallo podría ser tomado como un precedente de respeto a la norma Constitucional y a las reglas del juego democrático; sin embargo, también es cierto que, dadas las actuales circunstancias, el fallo del TCP podría desencadenar un catastrófico vacío de autoridad en el sistema de justicia.

En principio, cabe mencionar que la actual Asamblea Legislativa ha demostrado, salvo contadas excepciones, un muy bajo nivel de compromiso con las altas responsabilidades que tienen senadores y diputados. Por ello, en lugar de debates constructivos y sana confrontación de ideas, siempre se han visto golpizas, cánticos y espectáculos que dicen poco y mal de los legisladores bolivianos. No se puede esperar dos tercios emergentes de un diálogo desprendido y responsable.

En esas circunstancias, es posible que se logren acuerdos espurios con extrañas maniobras parlamentarias, intercambio de favores y otro tipo de negociaciones que, finalmente, lleven a cabo una selección de candidatos que, definitivamente, no serán los mejores, sino los que, en alguna medida, estén dispuestos a devolver con fallos los favores brindados por los actuales parlamentarios.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el factor tiempo. En reiteradas oportunidades, el Tribunal Supremo Electoral ha dado explicaciones técnicas debidamente fundamentadas sobre las fechas límite para la realización de las elecciones judiciales. Por eso es que la Asamblea Legislativa tiene el reto de acabar en 30 días lo que no pudo hacer durante todo el año.

Lamentablemente, existen razones suficientes para pensar que el Legislativo no podrá ejecutar las disposiciones del Tribunal Constitucional y en consecuencia las elecciones judiciales no podrán llevarse a cabo, se cumplirá el mandato de las actuales autoridades y en enero de 2024 Bolivia tendrá un Órgano Judicial totalmente descabezado.

Aun si el milagro del consenso fuera posible, el electorado boliviano acudirá a las urnas a votar por ilustres desconocidos que, con escasas votaciones, asumirán altos cargos judiciales. En síntesis, están dadas las condiciones para asumir un nuevo fracaso que mantendrá a la justicia en estado de coma, víctima del cáncer de la corrupción e ineficiencia.

El accionar del Tribunal Constitucional también merece una consideración especial. Es pertinente recordar que el actual TCP determinó que los afanes prorroguistas de Evo Morales eran un derecho humano, abrió la puerta para que los ministros censurados sean restituidos y eliminó de su página web fallos que favorecían a personas o instituciones enfrentadas al Gobierno.

Queda una pregunta pendiente: ¿quién gana en este escenario tan desalentador? Es difícil tener una respuesta concluyente, pero uno de los escenarios posibles es que tras el fracaso de la elección, el Gobierno encuentre un resquicio constitucional para nombrar autoridades por decreto, medida que terminaría por consolidar la preocupante tendencia autoritaria de algunos servidores públicos, mucho más si se considera que el año 2024 tendrá un censo conflictivo, elecciones primarias y definiciones trascendentales en materia económica, entre otros temas de la agenda pública.

En conclusión, no son cargos judiciales los que están en juego y menos el prestigio de los asambleístas, el inminente fracaso de la elección judicial huele también al fracaso del sistema político. ¿Será que existe voluntad suficiente para preservar la democracia?