Existe molestia e incertidumbre en el Órgano Legislativo por el futuro de las elecciones judiciales. Ayer, después de una corta sesión, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce (MAS), anunció juicios ordinarios y de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque no les notificaron con ningún fallo, pero no planteó soluciones.

En tanto, horas antes el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), anunciaba que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocará a los jefes de bancadas de las tres fuerzas políticas del parlamento a reunirse para acordar y garantizar que se cumplan los dos tercios en la aprobación de leyes para realizar las elecciones para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Mientras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue de cerca todas las acciones del Legislativo, hasta la fecha no emitió una postura oficial tras la sentencia del TCP, y una de sus vocales se limitó a decir que ahora el tema es de entera responsabilidad de los legisladores que deben trabajar en la preselección de aspirantes.

Anuncia caso de corte
La senadora Arce, del MAS, y que preside la Comisión Mixta de Constitución, aseguró que el TCP hasta ayer no había notificado al Legislativo con la sentencia judicial que deja en fojas cero al proceso de elección judicial y anunció juicios ordinarios y de responsabilidades.

“Iniciaremos un proceso ordinario y un juicio de responsabilidades porque la actitud del Tribunal Constitucional de la manera cómo está obrando, creo que no es loable”, dijo Arce. Calificó también como “un golpe” a la institucionalidad del Órgano Judicial porque, según ella, los magistrados “quieren quedarse” en sus cargos.

Pero la sesión no fue declarada en cuarto intermedio porque no fueron notificados, sino por una discusión acalorada que se desató entre la senadora Arce y legisladores de la oposición que acusaron a la legisladora masista de no manejar de forma responsable la Comisión. “Vamos a declarar cuarto intermedio en esta sesión hasta nuevo aviso”, dijo Arce y se levantó en medio de la discusión.

El lunes, salieron a la prensa los magistrados del TCP para anunciar el fallo constitucional que instruye a la ALP iniciar de nuevo el proceso de selección de postulantes y hacerlo bajo el paraguas de los dos tercios. Para varios masistas, esa orden es imposible de cumplir, es una “tramoya” del ministro de Justicia, Iván Lima, y los magistrados que se resisten a dejar sus altos cargos. 

“Es un golpe judicial a la democracia del país porque pretende obstaculizar el proceso judicial, alargar su mandato e ir en contra de la Constitución”, protestó el diputado Santos Mamani, del MAS.

Así como la senadora Arce, el legislador Mamani pidió que se investigue a los magistrados y se les inicie un juicio de responsabilidades por lo que denominó “el golpe de Estado de 2019” y por anular todo el proceso de las elecciones judiciales porque al hacerlo “ha generado inseguridad jurídica al país”, y que deberían renunciar “porque ellos no fueron electos conforme al procedimiento que proponen”.

Busca concertar
Desde un escenario más sereno y conciliador, Andrónico Rodríguez dijo que el fallo del TCP obliga a las tres fuerzas políticas a “hacer los máximos esfuerzos” para concertar una ley con dos tercios.

“Vamos a determinar una reunión a la cabeza del presidente de la Asamblea (David Choquehuanca), las jefaturas de bancadas y los presidentes de ambas cámaras para establecer el procedimiento del proceso de preselección en el menor tiempo posible”, anunció.

Y mientras los legisladores se enfrascan en lanzar amenazas y calificativos los plazos que puso el TSE corren para que presenten la lista de aspirantes seleccionados en la Asamblea Legislativa. Se prevé, tomando en cuenta el plazo mínimo de 90 días, que esa lista debe ser enviada al TSE hasta el 4 de septiembre.

Pero las tres fuerzas políticas del Parlamento admiten, por separado, que no podrán cumplir esa tarea en un mes y dos días, más cuando existe la condición sine qua non que las normas electorales – reglamento de selección y convocatoria – sean aprobadas por dos tercios.

Desde el TSE
En tanto, la vocal Dina Chuquimia en contacto con EL DEBER dijo que en este momento el proceso electoral en su primera fase que es la de preseleccionar candidatos, se encuentra bajo responsabilidad de la Asamblea Legislativa y que si esta instancia entrega la lista de candidatos en un “tiempo prudente”, el TSE garantiza las elecciones.

“Todo lo que implique el proceso de convocatoria, el proceso de selección de elección de las y los postulantes. Entendemos que es una responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo Chuquimia.

En un taller que realizaron todos los vocales del TSE hace dos semanas calcularon un calendario electoral de 90 días para realizar las elecciones judiciales este año. En ese ejercicio también se fijó una fecha preliminar que es el 3 de septiembre para que la ALP entregue la lista de postulantes tras realizar todo el proceso de selección.

“A partir de ello los postulantes cobran la calidad de candidatos y nosotros (TSE) cobramos competencia y vamos a encarar un proceso electoral que podría estar en un tiempo de 90 días calendario para su ejecución y de forma preliminar habíamos previsto que el 3 de diciembre puedan ser las elecciones nacionales del Órgano Judicial”, explicó Chuquimia.

Análisis
El analista político, abogado y líder de los Juristas Independientes Juan Del Granado coincide con los legisladores sobre la “imposibilidad” de que este 2023 se logren acuerdos de dos tercios en la ALP, más cuando deben aprobar dos leyes, una para el reglamento de preselección y otra norma para la convocatoria a elecciones judiciales.

“Sabemos que esos dos tercios no existen de parte del partido de Gobierno y al parecer no hay ninguna posibilidad de que esos dos tercios se logren en el contexto de la Asamblea Legislativa. Está claro que el Tribunal Constitucional está definiendo parámetros que hacen prácticamente irrealizable la elección de magistrados este 2023”, dijo Del Granado.