🔊 Escucha esta noticia

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), legisladores tanto del oficialismo como de la oposición manifestaron el martes 1 de agosto que se trata de un golpe a la democracia, y una estrategia para sabotear el cambio de justicia que necesita el país.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Ramos, manifestó que la sentencia es vergonzosa para el pueblo boliviano, ya que su fundamentación se basa únicamente en citas indirectas, y ni siquiera de autores entendidos en derecho.

Además, lamentó que hayan esperado hasta el último día para declarar la inconstitucionalidad del reglamento, aunque ya existen antecedentes de demoras por parte del TCP en casos como la candidatura de Evo Morales a senador en las últimas elecciones y el de Manfred Reyes Villa.

«Consideramos esto un golpe judicial a la democracia del país, porque pretende obstaculizar el proceso judicial, alargar mandatos e ir en contra de la Constitución. Por eso propongo a los presidentes de Cámara que se forme una comisión mixta de investigación al tribunal».

Senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Ramos.

Sabotaje sistemático y cumplimiento obligatorio

Sin embargo, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Uriquidi, manifestó que las elecciones judiciales fueron frustradas por un sabotaje sistemático del MAS, con el fin de evitar su realización y seguir sometiendo a la justicia a su beneficio.

Respecto a la sentencia, aseguró que es obligatorio cumplirla y recoge aspectos fundamentales como los dos tercios, necesarios para garantizar un proceso democrático de preselección, y realizar el reglamento mediante una ley.

«No obstante, aseguró que CC pondrá toda su voluntad política para que las elecciones judiciales se realicen en 2023, solicitando que se remita inmediatamente su proyecto de Ley de Garantías al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento».

Jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Uriquidi

Llamado a asegurar acceso a la justicia

Ante este escenario, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los legisladores asegurar el acceso a la justicia para la población y enfatizó en la importancia de que los partidos políticos busquen el consenso necesario para viabilizar las elecciones judiciales dentro del marco normativo vigente.

Dificultades legislativas tras sentencia

La sentencia 0060/2023 del Tribunal dispuso que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe por ley y con dos tercios de votos una nueva convocatoria; sin embargo, ninguna fuerza política cuenta con esa cantidad de votos, ni siquiera el MAS, que está dividido.