Exmagistrado José Antonio Rivera. Foto: Los Tiempos

Brújula Digital |01|08|23|

José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), advirtió este martes que una prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales, a raíz de un eventual retraso en las elecciones de magistrados tras el fallo del TCP, sería inconstitucional, pues la Carta Magna no prevé una ampliación de gestión en el Órgano Judicial.

“No es posible una prórroga porque iría en contra del artículo 122 de la Constitución Política del Estado, referido a la usurpación de funciones. La Carta Magna no prevé la posiblidad de prórroga, ni de una designación interina, como lo preveía la Constitución de 1967. Por lo tango, ni por ley, ni por decreto presidencial, ni decreto supremo se puede designar magistrados interinos. Entonces, ahí se va a generar un grave vacío del Órgano judicial”, sostuvo.

La posición del exmagistrado fue expresada luego de que ayer el TCP declaró inconstitucional el reglamento de preselección y convocatoria para las elecciones judiciales, un proceso que fue paralizado a fines de abril de este año. Además, el fallo también ordenó que la aprobación de un nuevo proceso de preselección de postulantes judiciales debe darse por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tras el fallo del TCP, la Asamblea tiene poco más de un mes, hasta el 4 de septiembre, para entregar la lista de postulantes judiciales, para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda administrar los comicios el 3 de diciembre y, así, alcanzar a posesionar a los magistrados electos a inicio de 2024, cuando las actuales autoridades del Órgano Judicial cumplan su mandato.

En ese entendido, Rivera sostuvo que se corre el riesgo de que el 1 de enero no haya magistrados electos y se registre un “vacío” porque la Constitución no prevé mecanismos de prórroga de autoridades judiciales.Similar criterio fue expresado la semana pasada por la exmagistrada y actual senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), quien indicó que no hay prórroga para autoridades del Órgano Judicial.

Salame advirtió que la emisión del fallo del TCP, al filo del plazo, puede obedecer a una intención de ampliación de mandato de las actuales autoridades. “Seguramente, creen (los magistrados) que si hacen eso, no vamos a poder hacer la preselección y, seguramente, aún albergan la posibilidad de que pudieran ser prorrogados, cosa que jamás, jamás va a suceder ¿por qué? porque en materia judicial no existe prórroga de la competencia”, dijo.

Por su lado, el constitucionalista Williams Bascopé señaló a radio Panamericana que una solución sería “sacar una ley corta de ampliación interina, por 90 días, para los actuales magistrados, pero esta ley tendría que ser enviado al Tribunal Constitucional para que lo interprete y le dé el visto bueno, como pasó con (la prórroga de mandato de) Jeanine Añez (y de los legisladores en 2020)”.

Rivera, por su lado, insistió en que una solución de fondo, para una verdadera transformación de la justicia en Bolivia, es la retoma de la iniciativa de ciudadanos independientes, para plantear una ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado a través de un referéndum popular.

Indicó que ese paso es fundamental porque los políticos saben que Bolivia atraviesa una crisis estructural en la justicia y porque la elección de magistrados por voto ciudadano no es el adecuado.

Sostuvo que mientras se dé ese planteamiento de reforma constitucional para transformar la justicia, la Asamblea puede aprobar una ley, con una disposición transitoria, en la que se designe a autoridades judiciales también transitorias.

BD/JJC