La postura la fijó la vocal del TSE Nelly Arista, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hiciera público su decisión de declarar inconstitucional el reglamento y la convocatoria aprobadas por la Asamblea Legislativa para la preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales y determinar que se apruebe por dos tercios de voto la próxima ley y todos los pasos legislativos siguientes para elegir candidatos judiciales.

“El Órgano Electoral va a garantizar el desarrolla de las actividades tendientes a llevar a cabo la elección judicial hasta el domingo 3 de diciembre, para que los magistrados elegidos inicien sus funciones el 4 de enero; por esa razón tenemos la ley bien establecida respecto a nuestras actividades ¿qué quiere decir eso? que el Órgano Legislativo debería estar enviando a este Órgano Electoral, hasta el 4 de septiembre, la lista de los seleccionados”, insistió en un reporte de Gigavisión.

Ahora “corre tiempo” y “es vinculante una sentencia” del TCP, por lo que la “Asamblea Legislativa Plurinacional va a tener que asumir y, en lógica consecuencia, nosotros también vamos a tener nuestro criterio”, explicó.

Además de declarar inconstitucional la Ley 1513 Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatos y Candidatas para la conformación del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, el control constitucional impuso los dos tercios de voto en el Legislativo para aprobar desde la ley de convocatoria y reglamento hasta la lista de preseleccionados.

Frente a ello, el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, demandó a la oposición política compromiso con el país para garantizar los dos tercios que demanda el TCP, porque de otra manera no se podrá cumplir con el deber constitucional de realizar la preselección.

El segundo vicepresidente Cámara de Diputados, Ingvar Ellefsen (CC), condicionó el respaldo de los dos tercios a que se acepte la participación de la sociedad civil y de juristas externos, como en su momento lo propuso su correligionario el diputado Carlos Alarcón.

El legislador propuso que un ente externo evalúe a los postulantes y que sus decisiones sean vinculantes para la Asamblea Legislativa.

El planteamiento fue secundado, en su momento, por Creemos, pero fue rechazado por el MAS porque vulnera el numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado que otorga a la Asamblea Legislativa la atribución de realizar la preselección de “las candidatas y los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.

Con el fallo emitido por el TCP, al Legislativo le quedaría un mes para cumplir con la preselección y entregar la lista de los candidatos preseleccionados al TSE hasta el 4 de septiembre.

Si bien los plazos son cortos, la senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, afirmó en Erbol que “tiene que haber el tiempo, así tengamos que dormir en la Asamblea Legislativa”.

“Se tiene que aprobar, porque esa es nuestra función y, lastimosamente, nosotros también nos hemos dejado pasar el tiempo y esto que ha hecho el Tribunal Constitucional nos lleva a punto cero, estamos en punto cero en este momento”, agregó.