El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer un fallo, con el que instruye a la Asamblea Legislativa para que vuelva a foja cero con la selección de candidatos para la elección judicial. Además, ordena que los haga por dos tercios de los votos. El dictamen ahondó las diferencias dentro del MAS, mientras que un sector de la oposición ve una oportunidad para “buscar consensos” y meter “gente idónea” a los máximos tribunales del país.

Después del esperado fallo del TCP, la vocal del Tribunal Supremo Electoral Nelly Arista señaló que el ente electoral emitirá un pronunciamiento sobre la decisión tras la realización de la Sala Plena, prevista para este miércoles. Pero, recordó que ya se puso el plazo de 90 días para trabajar el proceso de elecciones de autoridades judiciales, por lo que la Asamblea Legislativa tendría hasta el 3 de septiembre de este año para presentar las listas de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Judicatura.

El fallo constitucional reivindica el parágrafo segundo del artículo 109 de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala: “Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por ley”, esa es la obligación de la Asamblea, elaborar una nueva ley.

La otra condición es el segundo parágrafo del artículo 144 de la CPE que señala: “La ciudadanía consiste en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la ley”. Para los dos casos, el TCP exige la aprobación de una ley, algo que no cumplió la Asamblea y ahora debe redactar la norma porque tiene hasta el 3 de septiembre para entregar las listas preseleccionadas para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice las elecciones, este año.

Tras el fallo, el jefe del MAS, Evo Morales, puso en emergencia a sus seguidores y ahondó las diferencias dentro del oficialismo.
“La sentencia del TCP que atenta contra el derecho constitucional del pueblo boliviano a elegir democráticamente a los magistrados del Órgano Judicial es una decisión anticonstitucional y política, no jurídica, que pretende empujarnos como país al pasado del cuoteo de la justicia”, dijo el exmandatario. 

“Hacemos un llamado a la militancia del MAS-IPSP, Instrumento Político del Pueblo y del Proceso de Cambio, al pueblo boliviano, a sus instituciones democráticas, representantes patriotas de la Asamblea Legislativa, líderes de opinión y medios de comunicación a denunciar este golpe judicial contra la democracia”, escribió Morales en Twitter. 

Complementó: “Nuestra querida Bolivia está en peligro de ser reducida a un Estado represor que usará los requerimientos fiscales y sentencias judiciales como arma política. Con este fallo, el TCP ha sentenciado su sometimiento al poder político. La mal llamada guerra judicial o ‘lawfare’ se ha instalado en nuestro país”.

El diputado del MAS del ala ‘arcista’ e integrante de la comisión de Constitución Froilán Mamani, comentó que el trabajo de la Asamblea Legislativa ha quedado en fojas cero. Primero, se anuló la convocatoria anterior y la Ley 1513. 

“Debemos comenzar de nuevo y es importante que haya voluntad política dentro de nuestro instrumento político, como de los opositores, esa es la forma de garantizar el éxito de este proceso”, señaló el diputado.

Manifestó, al referirse a la división interna del MAS, “que se deben agotar todas las instancias, las negociaciones. Haremos el ajuste de los tiempos, sólo así, unidos, podremos tener a las autoridades judiciales y las elecciones”.

En contracorriente, su colega ‘evista’ Renán Cabezas, tras conocerse el fallo del TCP, declaró que “tenemos listo un anteproyecto de ley que presentaremos a la Asamblea Legislativa, que plantea que
si no se logra llevar adelante la realización del ministro de Justicia y los magistrados del Órgano Judicial, que quieren prorrogar su mandato, tendremos que presentar esta norma que tiene por objeto disponer de manera excepcional la designación de autoridades con única finalidad de garantizar el funcionamiento y continuidad del servicio de justicia hasta la posesión de autoridades elegidas mediante sufragio universal”, explicó.

Cabezas detalló que posibilitaría que la Asamblea elija autoridades transitorias para evitar que los actuales “no se prorroguen. Elegiríamos entre los postulantes inscritos en las comisiones mixtas”.

El reglamento de preselección de postulantes declarado inconstitucional por el TCP eliminaba para las cuatro instancias judiciales el requerimiento de no militancia en los últimos ocho años. Esto significaba que cualquier persona que renuncie horas antes a un partido político podía candidatear al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

Una fuente del Gobierno denunció entonces que bajo ese paraguas, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, o el exviceministro Nelson Cox, del ala ‘evista’, buscaban presentarse al TCP, y podían hacerlo no solamente allí, sino en cualquier otra instancia.

Comunidad Ciudadana (CC) sostuvo ayer por la tarde una extensa reunión de análisis, y horas después emitió un comunicado que fue posteado en la cuenta de Twitter de su líder, el expresidente Carlos Mesa Gisbert.

“Nuevamente el MAS entrampa el camino para reformar la justicia, con una decisión tardía del TCP. Sostenemos que las elecciones judiciales son un mandato constitucional, pero también es un mandato que se garantice la imparcialidad, independencia e idoneidad de quienes conducirán los Altos Tribunales, y que la preselección se defina por dos tercios de la Asamblea. CC va a exigir que se cumplan estos mandatos”.

Desde Chonchocoro el gobernador cruceño y jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho, señaló que “el TCP ha vuelto la elección judicial a cero. Ello significa que no habrá reforma judicial y que, muy probablemente, no habrá elecciones judiciales. Bolivia necesita una justicia seria e independiente. Ese es un reto de todas las fuerzas democráticas”.

Pero, el diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, en la misma línea que Mesa, sostuvo que el TCP está dando la razón al recurso abstracto de inconstitucionalidad que presentó el jefe de Bancada de Creemos, Leonardo Ayala, debido a que dejó sin efecto el reglamento y convocatoria de las elecciones judiciales, mismas que deberán ser aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa. 

“Ahora se deberá buscar consensos, no será una medida hecha por masistas y para los masistas y en contra de todos los bolivianos que buscan tener acceso a la justicia. Se deberá trabajar por un reglamento que garantice la presencia de profesionales idóneos e independientes”, acotó.

Con el voto unánime de los nueve magistrados que conforman el TCP se decidió declarar inconstitucionales el reglamento de preselección de los candidatos a magistrados y la denominada ‘ley corta’, que había promulgado el Gobierno. Con la sentencia constitucional 60/2023 todo el proceso vuelve a fojas cero y se debe reiniciar todo.

“Las normas que han sido impugnadas (el reglamento que impugnó el diputado Leonardo Ayala) además que la última ley por conexitud (vinculadas) están expulsadas del ordenamiento jurídico y le corresponde ahora, con absoluta responsabilidad y compromiso con el país, a nuestra Asamblea Legislativa cumplir las atribuciones que por Constitución tiene, emitir una ley por dos tercios de votos,” dijo el presidente del ente constitucional, Paul Franco Zamora.

El 27 de abril el TCP congeló todo el proceso de registro que estaba siendo impulsado por el ala renovadora del MAS, con la senadora Patricia Arce, como principal responsable. Durante todo este tiempo se esperaba este fallo para saber qué camino deben tomar los legisladores y garantizar la posesión de nuevas autoridades judiciales el 1 de enero de 2024.

De acuerdo con la sentencia 60/2023 los legisladores deben elaborar una ley de convocatoria a preselección de candidatos, tal como ocurrió con las dos elecciones previas de magistrados; además esa ley debe ser aprobada por dos tercios de los presentes de la Asamblea, lo que obliga al MAS y al Gobierno buscar votos en la oposición.

El 12 de junio, cuando el proceso estaba paralizado, el Gobierno de Luis Arce promulgó la ley 1513 que establecía nuevos plazos para la preselección de candidatos. Los parlamentarios del MAS dijeron que de ese modo se adelantaban a una decisión del TCP.