Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 30 de julio de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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Se prevé que el TCP emita el fallo este lunes para destrabar la elección judicial y el Ministro de Justicia señaló que ese dictamen puede autorizar un voto por mayoría simple para seleccionar candidatos. El TSE espera la lista hasta el 4 de septiembre para administrar los comicios este año.
El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el presidente Luis Arce no designara a los magistrados del Órgano Judicial por decreto y pidió esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para reencauzar el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales. Eso sí, anticipó el fallo puede autorizar que se aplique la “mayoría simple” para aprobar la lista que sea enviada al Órgano Electoral antes del 4 de septiembre.
“La opción de un decreto supremo de designación sería inconstitucional, no vamos a actuar nunca en contra de la Constitución. Esta es la posición oficial del Gobierno del presidente Arce”, sentenció Lima este domingo en una rueda de prensa, tras una entrevista con medios del Estado. Dijo que tras el fallo, la responsabilidad estará en la Asamblea Legislativa.
“El TCP solo tiene dos alternativas: Continúa el proceso y aquí todo está bien, no pasó nada o se declara inconstitucional el reglamento y se exhorta a la Asamblea a que emita un nuevo reglamento, o una ley y también va a definir si tiene que ser por dos tercios o por mayoría simple”, sentenció Lima. “No es que uno conozca el fallo, sino que uno conoce la ley de procedimiento constitucional”, aclaró.
En circunstancias normales, el proceso de selección debería tomar unos 120 días, pero ese plazo fue comprimido, por efecto de una impugnación planteada en abril por el diputado Leonardo Ayala (Creemos) ante el TCP. El reclamo fue porque en 2017 la convocatoria a elecciones se hizo a través de una ley y no de un reglamento. Además, argumentó el derecho de los magistrados a repostularse.
Ese fallo debería conocerse hasta el 31 de julio, pero a esta fecha hay que sumarle al menos dos días para las notificaciones formales, señaló el diputado Juan José Jáuregui (MAS), quien preside la Comisión de Constitución, una de las entidades legislativas encargadas de seleccionar candidatos y de aplicar el esperado dictamen.
“Tienen el mes de agosto para hacer la preselección y darle al pueblo una norma que garantice las elecciones. Esta es la situación que se va a dar. No podemos decir si van o no alcanzar los plazos si no conocemos la sentencia”, insistió Lima respecto a este procedimiento.
Durante los próximos 30 días se deben seleccionar 96 candidatos para 26 altos cargos (23 magistrados y tres consejeros) del Órgano Judicial. Cada aspirante debe ser validado por dos tercios de los votos, de diputados y senadores que asistan a las sesiones, pero antes debe desarrollarse la selección de los postulantes.
El tiempo es corto y demandará jornadas de debate de hasta 20 horas diarias para lograr ese objetivo. Por eso, hay dudas y ayer nadie descartó la posibilidad de un plan “extraordinario” para cumplir con la renovación del alto mando del Órgano Judicial a través del voto popular, tal como lo establece la Constitución Política (CPE).
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) asumió hace dos semanas una postura sobre los tiempos mínimos para llevar adelante los comicios. El presidente de este órgano, Óscar Hassenteufel, explicó que el plazo máximo para recibir la lista de candidatos y poder llevar adelante el proceso electoral en un plazo de 90 días, vencerá el próximo 4 de agosto.
La Constitución establece que las altas autoridades del Órgano Judicial se eligen por un periodo de seis años. Se trata de un límite máximo y no deja ningún resquicio para una posible prórroga. El TSE explicó, tras una reunión nacional que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, que los comicios deberían realizarse como máximo el 3 de diciembre, esto tomando en cuenta una probable repetición de votos y la entrega de credenciales a las autoridades electas, que deberán jurar el 3 de enero.
El magistrado del TCP Carlos Alberto Calderón señaló el viernes que están trabajando “intensamente” para lograr un consenso en la sentencia que definirá el futuro de las elecciones judiciales y admitió que la Sala Plena de los nueve magistrados ya se reunió en varias ocasiones para abordar este tema.
"Estamos trabajando intensamente en la elaboración y el consenso de la declaración constitucional que seguramente será emitida en breve”, manifestó.