En las próximas horas, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe emitir el fallo sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por un diputado opositor contra el reglamento de las Elecciones judiciales 2023. La convocatoria de los comicios está paralizada desde abril. ¿El TCP encaminará el proceso o saldrá con alguna curiosa interpretación constitucional?

Desde su estreno en 2011, el mandato constitucional de elegir en las urnas a las máximas autoridades jurisdiccionales no ha sido fácil. Tanto en esa primera elección como en la siguiente de 2017, se constató que el proceso se politiza en la fase de preselección de postulantes a cargo de la Asamblea Legislativa. Y luego tiene problemas de legitimidad de origen por el elevado porcentaje de votos blancos y nulos. Pero es la primera vez, este año, que la propia elección está en suspenso y hasta en duda.

Debido a las acciones judiciales contra la convocatoria a las Elecciones 2023, es bastante probable que el 2 de enero próximo no tengamos autoridades electas. Para lograrlo, la votación popular tendría que ser, como máximo, el domingo 3 de diciembre. Ello implica, como señaló técnicamente el TSE, que la lista de postulantes debe estar aprobada el 4 de septiembre. Así, en los hechos, la Asamblea Legislativa tendrá menos de un mes para una selección con varias etapas y el requisito de los dos tercios.

Dos magistrados del TCP informaron, casi como descargo, que están trabajando “intensamente” para elaborar y en su caso consensuar la declaración constitucional que definirá el futuro de las elecciones judiciales. No de otra forma se explica que se hayan tomado tanto tiempo para emitir el fallo, tras dejar en suspenso el proceso electoral desde hace más de 90 días. Suponemos que se trata de una declaración compleja que establecerá jurisprudencia constitucional en la materia. Ojalá no traiga sorpresas.

¿Qué decidirá el TCP? Más allá de la expectativa y de las críticas por el tiempo transcurrido, hay también algunas especulaciones. Lo normal debiera ser que los magistrados constitucionales del país encaminen las elecciones judiciales brindando certeza sobre la convocatoria, el reglamento y el procedimiento de preselección de postulantes. No se descarta, sin embargo, que el TCP realice alguna forzada interpretación a fin de condicionar e incluso entorpecer la elección popular. Sería lamentable.

¿Cómo se resolverán las elecciones judiciales 2023? ¿Habrá elecciones este año? ¿Nos dirigimos a una salida transitoria e inconstitucional? ¿Se vislumbra un conflicto de poderes entre los órganos del Estado? Hay gran incertidumbre y diferentes escenarios al respecto. La premisa es garantizar el derecho constitucional a elegir en las urnas a las altas autoridades jurisdiccionales como un paso para avanzar en un gran acuerdo nacional que permita, finalmente, una reforma sustantiva de la Justicia.