La elección de magistrados mediante voto popular, establecida por la Constitución Política del año 2009, se va haciendo más complicada a medida que pasa el tiempo. Y si sigue con ese ritmo irregular, sus resultados no dejarán de causar dificultades, propias de una gestación con anormalidades y obstáculos en el proceso de aplicación.

Entre otros problemas, esa elección empezó motivando la resistencia pública, debido a que una anterior elección de esa índole se realizó sin dificultades al comienzo, pero luego dio pésimos resultados, a tal extremo que los altos funcionarios electos fueron objeto de diversas críticas y, ante todo, acusados de ser dependientes del Órgano Ejecutivo y responder a sus dictados.

Otras críticas hicieron énfasis en que ese procedimiento no era el correcto, pues no depende del cuerpo de juristas que existe en el país, sino de una elección que más venía de arriba hacia abajo que al revés, como debería ser, ya que los candidatos a magistrados eran previamente elegidos de acuerdo con intereses oficiales y oficialistas. Muchos otros comentarios adversos se produjeron desde ese momento, dirigidos a sustituir ese método electoral por otro nuevo que produzca recompensas legítimas y legales, que sería el único camino para garantizar que la justicia en Bolivia sea digna de ser tomada en cuenta.

En esa forma, desde entonces surgen tendencias críticas que piden cambios, para poner fin a la elección de magistrados y jueces por vía de la elección desde arriba hacia abajo. Sin embargo, esas demandas solo encontraron oídos sordos y continuó la aplicación del obsoleto y absurdo sistema electoral derivado de una ideología populista. Es más, se argumentaba que no había que repetir el error, más aún después de haberse reconocido que la elección de magistrados por voto popular no tuvo éxito.

En fin, por el intento de elegir nuevos magistrados con el antiguo método, se ha vuelto a cometer los mismos y otros errores. En efecto, como “quien mal anda, mal acaba”, para la nueva generación de magistrados hasta ahora han aparecido múltiples dificultades en el método de elección, así como oposición pública. En efecto, las piedras y baches que se presentan desde el comienzo de la operación son innumerables y, finalmente, se ha presentado otro casi insuperable, pues todavía se espera, desde hace meses, que el Tribunal Constitucional termine de dar a luz una resolución que permita el Legislativo avanzar hacia el objetivo final.

Lo anticipado permite considerar que, si bien por sus resultados la primera elección de magistrados fue un fracaso, paralelamente van surgiendo embrollos en la preparación de otro acto similar, que no van a ser menores y podrían conducir al experimento a una situación muy engorrosa, más aún debido a que el actual sistema terminaría realizándose mediante decreto. Así los magistrados serían objeto de duda cuando emitan fallos. Entre tanto, mucha agua deberá pasar por los puentes. 

En fin, la elección de autoridades judiciales podría ser realidad y conducir a los mismos resultados cuestionados de hace varios años.