La Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá apenas un mes para aprobar una lista de 96 candidatos para 26 altos cargos (23 magistrados y tres consejeros) del Órgano Judicial. Cada aspirante debe ser validado por dos tercios de los votos de diputados y senadores que asistan a las sesiones, pero antes debe desarrollarse la selección de los postulantes. 

El tiempo es corto y demandará jornadas de debate de hasta 20 horas diarias para lograr ese objetivo. Por eso, hay dudas y ayer nadie descartó la posibilidad de un plan “extraordinario” para cumplir con la renovación del alto mando del Órgano Judicial a través del voto popular, tal como lo establece la Constitución Política (CPE).

En circunstancias normales, el proceso de selección debería tomar unos 120 días, pero ese plazo fue comprimido, por efecto de una impugnación planteada en abril por el diputado Leonardo Ayala (Creemos) ante el Tribunal Constitucional (TCP). El reclamo fue porque en 2017 la convocatoria a elecciones se hizo a través de una ley y no de un reglamento.

Ese fallo debería conocerse hasta el 31 de julio, pero a esta fecha hay que sumarle al menos dos días para las notificaciones formales, explicó ayer el diputado Juan José Jáuregui (MAS), quien preside la Comisión de Constitución, una de las entidades legislativas encargadas de seleccionar candidatos. 

Para “salvar” el proceso, el oficialismo aprobó en este tiempo una “ley corta”, pero optó por no avanzar en el nuevo reglamento hasta no conocer el contenido del fallo que debe conocerse en estos días. Jáuregui recordó que el plazo procesal es de 45 días y “no debe pasar de este 31 de julio”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) asumió hace dos semanas una postura sobre los tiempos mínimos para llevar adelante los comicios. El presidente de este órgano, Óscar Hassenteufel, explicó que el plazo máximo para recibir la lista de candidatos y poder llevar adelante el proceso electoral en un plazo de 90 días, vencerá el próximo 4 de agosto. 

La Constitución establece que las altas autoridades del Órgano Judicial se eligen por un periodo de seis años. Se trata de un límite máximo y no deja ningún resquicio para una posible prórroga. El TSE explicó, tras una reunión nacional que se llevó a cabo en Santa Cruz, que los comicios deberían realizarse como máximo el 3 de diciembre, esto tomando en cuenta una probable repetición de votos y la entrega de credenciales a las autoridades electas, que deberán jurar el 3 de enero.

“Tampoco está escrito en piedra lo que ha señalado el Tribunal Supremo Electoral” afirmó Jáuregui. “Existe la posibilidad de comprimir los tiempos para renovar los altos cargos de los tribunales”, señaló y tras ser consultado sobre si se garantizaba el proceso, dijo que hay “un escenario complejo”.

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), anticipó que su fuerza política realizará un análisis sobre cada componente del fallo antes de asumir una postura. Afirmó que, en este caso, el MAS actuó “de manera coordinada, sin divisiones porque a las dos facciones, la de Evo (Morales) y la del presidente (Luis) Arce, les interesa mantener el control del Órgano Judicial.

Alarcón, quien es un abogado constitucionalista, recodó que CC presentó un proyecto de ley que pudo salvar el proceso y despolitizar la elección de autoridades.

La senadora Silvia Salame es disidente de CC. Ella, en la línea de Jáuregui, cree que es posible llegar a tiempo para tener elecciones antes de fin de año. “Son menos de 30 días, pero nos va alcanzar. Vamos a trabajar, si es preciso, día y noche. Hoy hemos enviado una nota al señor vicepresidente pidiéndole que convoque para el día lunes a sesión de la Comisión Mixta para que trabajemos por tiempo y materia”, dijo Salame.

La senadora Patricia Arce, de la facción que apoya a Evo, cuestionó al TCP porque usará hasta el último segundo del plazo legal. Dijo que se analizan los posibles escenarios del fallo. Eso sí, expresó su preocupación por los plazos.

El abogado Israel Quino señaló que los tiempos son cortos. El jurista consideró que por las señales del TCP se puede advertir el interés de que los magistrados busquen ser prorrogados.