"El objeto de la presente ley es establecer mecanismos para el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la ALDO, sobre el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), y la transparencia en el manejo y uso de los recursos de las entidades, representaciones, delegaciones o dependencias estatales, empresas públicas y personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos en la jurisdicción del departamento, respetándose la autonomía municipal, universitaria y las autonomías indígenas originarias campesinas", señaló.

La ALDO no cuenta con un instrumento normativo de alcance departamental y con la suficiente fuerza coercitiva, capaz de permitir el ejercicio de la fiscalización a las autoridades del Ejecutivo Departamental y entidades, representaciones, delegaciones o dependencias estatales, empresas públicas y personas naturales o jurídicas, que presten servicios públicos en la jurisdicción del departamento.

Este aspecto no sólo implica la dificultad o imposibilidad de ejercer la facultad constitucional, sino que las autoridades o entidades a ser fiscalizadas, no se sienten obligadas a concurrir ante el llamado de los asambleístas departamentales, debido a que su inasistencia no tiene ninguna consecuencia jurídica, según explicó Tórrez.

Una de las peculiaridades del proyecto de ley, es que se activarán las denuncias por mal uso de recursos, dados en contraparte a gobiernos municipales autónomos y autonomías indígenas originarias campesinas.

"Son fines de la presente Ley: Que el órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, entidades, representaciones, delegaciones o dependencias estatales, empresas públicas y personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos en la jurisdicción del departamento, desarrollen una gestión pública más eficiente, eficaz y transparente que logre la satisfacción de las necesidades de las y los ciudadanos del departamento, de acuerdo a lo que se aprecia en el documento.