El ministro de Justicia, Iván Lima, exigió a la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce a rectificarse sobre su declaración de que hay un “acuerdo” entre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y esta autoridad para dilatar el proceso de las judiciales.

“Las declaraciones de la senadora Patricia Arce, a la cual cordialmente conmino a actuar de manera responsable. La palabra que ha utilizado es muy grave, no puede darse una situación como ella se refiere de algún tipo de acuerdo irregular y el Tribunal Constitucional. Lo negamos enfáticamente”, mencionó Lima.

La mañana de este lunes, la senadora oficialista señaló, desde Cochabamba, que Lima “transó” con los magistrados del TCP la ampliación de su mandato y “negoció” para que Evo Morales vaya a ser inhabilitado en las elecciones generales de 2025.

“Nuestro hermano ministro Lima sale a los medios de comunicación y manifiesta de que sería el Tribunal Constitucional que defina si va a haber elecciones judiciales o vamos a ir a una elección bajo escrutinio o no”, indicó la asambleísta.

Lima remarcó que el TCP recibió una acción constitucional que está analizando, la cual fue generada por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa que preside precisamente Arce, y dijo que lo prudente es que ella espere el fallo antes de criticar el trabajo de esta institución.

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“Es una irresponsabilidad de la senadora Arce, a la cual le conmino pueda presentar evidencia, prueba o alguna referencia de lo que dice. Es una situación que no lo voy a permitir y definitivamente le exijo, no es correcto que se desinforme al país sobre esta temática tan relevante y tan importante”.

Agregó que el TCP informó, a través de la magistrada Karen Gallardo, que emitirá la decisión antes del 2 de agosto, que es su plazo para presentar y dictar la sentencia constitucional.

El 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió de manera temporal el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial, debido a un fallo emitido por el TCP ante un recurso interpuesto por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.

Proceso

El 24 de abril, Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP. En su petitorio, alega que la Sala Constitucional de Beni observó el reglamento de preselección en su totalidad y que los asambleístas elaboraron uno nuevo. Lo que correspondía era una ley, como sucedió en 2017 con la Ley 960 Transitoria.

Además, demanda que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“La convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de postulantes habilitados, las impugnaciones, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación profesional, la evaluación de conocimiento escrita, la entrevista. El informe final de evaluación y la preselección propiamente de candidatos”, según el auto constitucional 0186/2023, del 27 de abril.

El 14 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizó el desarrollo de las elecciones judiciales para el domingo 3 de diciembre, bajo condición de que la Asamblea Legislativa le haga llegar la lista de postulantes preseleccionados hasta el lunes 4 de septiembre.

En el proceso serán elegidos miembros titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional.