Aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó que tiene plazo hasta el 2 de agosto para resolver un recurso contra la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, su rezago causa nervios y preocupación en la Asamblea Legislativa.

Dicho proceso se encuentra paralizado desde el 27 de abril de este año, cuando el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó  una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria.

Antes, el 12 de abril, el ciudadano Miguel Ángel Balcázar objetó con otro recurso el reglamento de convocatoria a postulantes. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni también había frenado el proceso, mientras varios postulantes habían sido habilitados.

Desde entonces, los legisladores de oposición y oficialismo aguardan el fallo que permita destrabar las actividades rumbo a la tercera elección de 23 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental, y tres del Consejo de la Magistratura.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó a La Razón que, en la última sesión de esa instancia camaral se acordó “esperar” el fallo, a pesar de la preocupación por la premura de las elecciones.

“Se ha resuelto, por votación, aguardar y esperar hasta que el Tribunal Constitucional emita la sentencia con relación al recurso abstracto”, dijo el legislador.

Prevé que la notificación con el resultado se conozca en estos días, “máximo hasta el viernes; no creo que amerite más tiempo”.

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Elecciones judiciales

Jáuregui anticipó dos “escenarios” luego del fallo: “si el TCP rechaza el recurso y dice que estábamos bien, sigue la convocatoria” o si da curso al reclamo, “se abre otro proceso”.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas insistió en que el retraso del proceso de preselección de candidatos a las judiciales se debe a una “pugna” entre dos fracciones del MAS y consideró que en esa pelea hay “intereses” para que los actuales magistrados permanezcan en sus cargos.

“El mismo MAS, con estas decisiones, quiere prorrogarse. Lo que nos está demostrando es que quiere violar un principio constitucional y fundamental, que es que la población exija a sus autoridades judiciales”, opinó el legislador contactado por La Razón.

Pese a que el Órgano Ejecutivo  descartó la posibilidad, el diputado opositor dijo que el MAS busca designar a las nuevas autoridades judiciales “por medio de un decreto inconstitucional”.

“El MAS no tiene una posición confiable y lo ha demostrado siempre; puede hacer una cosa y decir otra. El sabotaje interno es verificable”, dijo Pedrazas.

Senaló que la oposición legislativa debe “ganarle el poder al MAS” y que para ello debe “participar del debate y no “parapetarse” en un intento de sabotaje, “como ocurrió, en su criterio, en las dos elecciones anteriores.

Además, cuestionó la independencia de los actuales magistrados, que “responden al MAS”.

Entretanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizó elecciones para el domingo 3 de diciembre siempre y cuando la Asamblea Legislativa le haga llegar la lista de preseleccionados hasta el lunes 4 de septiembre.

A través de la magistrada Karem Gallardo, el TCP hizo saber que tiene plazo para emitir su fallo hasta el 2 de agosto.

(26/07/2023)