- Correo del Sur - Santa Cruz frena cómputo debido a mesas anuladas
- El Deber - Santa Cruz repetirá votación en tres municipios y posterga el cierre del escrutinio
- Correo del Sur - Subnacionales: Libre asegura que logró posicionarse como partido con presencia nacional
- Urgente BO - Ahora que Dockweiler no es masista
Medio: El Mundo
Fecha de la publicación: viernes 21 de julio de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
MEDIDA. Los extremistas, tanto del oficialismo como de la oposición, han dejado estas elecciones judiciales en un limbo, sin posibilidad aparente de solución. Se propone la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones encargada de seleccionar y evaluar a los candidatos.
Las elecciones judiciales se encuentran en un callejón sin salida debido al problema político en el que están atrapadas. Llegamos al 21 de diciembre, y los actuales magistrados deben dejar sus cargos, ya que no existe posibilidad constitucional de prórroga, según el ex magistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Quiroga.
“Los extremistas, tanto del oficialismo como de la oposición, han dejado estas elecciones judiciales en un limbo, sin posibilidad aparente de solución”, expresó.

Sin embargo, Rivera dice que la solución radica en manos de los parlamentarios, quienes deben generar una salida mediante un acuerdo político. “Este acuerdo debería permitir reformas judiciales que garanticen la selección de candidatos basada en méritos y capacidades, en lugar de favorecer intereses políticos partidistas”, expresó. Además, la reforma debe contemplar un periodo de transición para las máximas autoridades judiciales, que no exceda un año. Esto coincide con la propuesta del ex magistrado del tribunal constitucional, José Antonio Rivera.
El camino para lograr esto implica una voluntad política real por parte de los actores políticos tanto del oficialismo como de la oposición.
Se propone la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones encargada de seleccionar y evaluar a los candidatos para cargos judiciales basándose en criterios objetivos y transparentes. Esta comisión deberá seguir el nuevo mecanismo propuesto por los juristas independientes, lo que asegurará una verdadera comprobación de las habilidades y aptitudes de los aspirantes, le dijo Rivera al periodista Ivan Ramos. “Deben convertir la propuesta del grupo de independientes en la ley de Reforma parcial de la constitución. Para lograrlo, es necesario aprobar la ley por mayoría de 2/3 de votos con la mayor brevedad posible”, indicó.
JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE
El abogado y analista político, Vladimir Peña, asegura que la justicia está en caída libre debido a que el modelo de elección por voto popular de los magistrados ha fracasado, y para empeorar las cosas, los políticos de turno desean ignorar su reforma y elegir a las autoridades judiciales a dedo.
Peña indica que la elección judicial es solo un parche y que es necesario pensar en una solución más profunda. La desconfianza en el sistema es tan grande que la gente teme que nos adentremos en la incertidumbre y que incluso la democracia esté en riesgo.
En resumen, la justicia en Bolivia se encuentra en una situación alarmante y en decadencia. El modelo de elección de magistrados ha fracasado, y la corrupción y la manipulación política están minando la credibilidad del sistema judicial.
JUSTICIA INGRESA EN CALAMIDAD JURIDICA
El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, asegura que Bolivia está entrando en una “Calamidad Jurídica” debido a la intención política de evitar la elección judicial y prolongar los mandatos de los magistrados, lo que tendría consecuencias negativas.
Según Oros, estas maniobras tienen intereses políticos detrás. En todo el país, el Tribunal Supremo Electoral ha establecido plazos y reglas, pero todo depende ahora de una decisión del Tribunal Constitucional. Esto plantea interrogantes sobre las intenciones ocultas, ya que, al cumplirse el mandato de las autoridades judiciales, no deben prorrogarse, ya que sus actos serían nulos de pleno derecho. De no cumplirse los plazos, especialmente los establecidos por el tribunal constitucional, habría una situación de ilegalidad y una grave crisis jurídica.



