ELECCIONES. Desde el OEP se garantizó la celebración de las elecciones judiciales para el 3 de diciembre y la posesión de las nuevas autoridades el 2 de enero de 2024, siempre y cuando el Legislativo le entregue hasta el 4 de septiembre la lista de los candidatos judiciales.

El ministro de Justicia, Iván Lima, negó ayer la acusación de la senadora Patricia Arce de que hubiera un “acuerdo irregular” con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para paralizar las elecciones judiciales, por lo que la conminó a presentar pruebas o rectificar lo dicho.

“Cordialmente la conmino a que pueda actuar de manera responsable, la palabra que ha utilizado es muy grave, no puede darse una situación como ella refiere, de algún tipo de acuerdo irregular, entre el Ministro de Justicia y el Tribunal Constitucional, lo negamos enfáticamente. Le conminamos a mayor responsabilidad en sus declaraciones”, demandó.

Lima lamentó que Arce, que preside la Comisión Mixta de Constitución, “contamine” el proceso de las elecciones judiciales que deben “desarrollarse en el marco de la Constitución”.

“Es una irresponsabilidad de parte de la señora Arce, a la cual le conmino, pueda presentar evidencia, prueba o alguna referencia de lo que dice. Es una situación que no lo voy a permitir”, aseguró.

Luego de descartar la posibilidad de iniciarle una acción legal a la senadora, expresó su seguridad de que “ella va a rectificar y a hablar con la verdad”.

Argumentó que “no es correcto que uno no diga la verdad, más cuando está en una instancia de tanta responsabilidad como la que preside, una de las comisiones más importantes en este caso (las elecciones judiciales)”.

“Creo que tenemos que volver a generar en el país un diálogo democrático, un diálogo que nos permita hablar con la verdad y rectificar cuando sea necesario”, insistió.

Los preparativos para elecciones judiciales están detenidos desde abril, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una medida cautelar paralizando el proceso de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa, luego de admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.

En su petitorio, el legislador opositor alegó que corresponde una ley para este proceso de preselección de candidatos, como sucedió el 2017. Además, solicitó la aprobación por dos tercios de todas las fases del trabajo para la preselección de candidatos judiciales.

La magistrada del TCP Karem Gallardo indicó el 11 de julio que el máximo tribunal de control constitucional tiene hasta fin de mes para emitir su sentencia sobre el recurso.

Lima consideró que lo más “prudente” es que la senadora “espere el resultado del Tribunal Constitucional antes de criticar el trabajo de esta instancia o echarle la culpa al Ministro de Justicia por temas que ella bien pudo analizar y trabajar en el marco de sus competencias”.

“De acuerdo con la Constitución, el Tribunal Constitucional debe emitir la sentencia sobre esta consulta que tiene que ver con el reglamento antes del 2 de agosto y posteriormente tiene que actuar la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral”, explicó Lima.