El ministro de Justicia, Iván Lima, descartó que el presidente Luis Arce emita un decreto supremo que agilice la elección de magistrados, luego de una jornada en la que el Conamaq, como una forma de presionar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se declaró en estado de emergencia y se declaró en “alerta” hasta que se viabilicen los comicios.

Mientras, en La Paz, al menos dos parlamentarios del MAS amenazaron con un juicio de responsabilidades a los magistrados si no emiten su fallo en una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) hasta el 2 de agosto. CORREO DEL SUR supo que ese pronunciamiento se conocería incluso antes, es decir, hasta fin de mes.

CONAMAQ EN SUCRE

Este lunes, miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) se reunieron con el presidente del TCP, Paul Franco, para abordar temas jurisdiccionales y le exigieron celeridad en la emisión de una sentencia respecto de la AIA presentada por el diputado Leonardo Fabián Ayala (Creemos).

“Como pueblos indígenas originarios estamos exigiendo que lo más antes posible y de acuerdo a los plazos establecidos se lleven a cabo las elecciones judiciales”, declaró el jiliri del Conamaq, Ramiro Jorge Cucho. Sin embargo, dijo que son respetuosos de los tiempos establecidos por el TCP para emitir su fallo.

“Estamos en estado de emergencia, en estado de alerta, en estado de movilización. Queremos elegir magistrados que administren justicia para los bolivianos. Las elecciones tienen que llevarse a cabo este año; es una conquista del pueblo boliviano, está constitucionalizado”, enfatizó.

¿JUICIO?

Legisladores del MAS dieron este lunes a los magistrados un plazo hasta el 2 de agosto para emitir una sentencia. “Si no hay un fallo, habrá algunas acciones que se pueda tomar contra ellos. Hay una figura que se llama ‘incumplimiento de deberes’ y ellos también están sujetos a juicio de responsabilidades”, advirtió el senador Félix Ajpi, del ala renovadora del oficialismo.

Froilán Mamani, diputado de la misma línea, dijo que espera que los miembros del TCP emitan un pronunciamiento legal porque, de lo contrario, se activará contra ellos un proceso por incumplimiento de deberes.

“Ellos tienen un tiempo determinado o con los plazos que termina hasta el 2 de agosto, caso contrario de no emitir el pronunciamiento o sentencia de fallo constitucional, ellos están incurriendo en incumplimiento de deberes. Yo creo tiene que tener la responsabilidad para emitir en la fecha y plazo indicado (un fallo)”, dijo el legislador.Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalan que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá resolver un recurso legal para continuar con el proceso de selección de postulantes a futuras autoridades del órgano judicial y su posterior convocatoria de elecciones judiciales.