Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: lunes 24 de julio de 2023
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Conflictos limítrofes
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
La disputa de límites entre los municipios de Tiquipaya y Colcapirhua demora la ejecución de obras y la atención de necesidades básicas, como agua potable, en ocho barrios, que se encuentran en la franja de conflicto.
Entre las organizaciones territoriales de base (OTB), están Rumi Mayu, Sirpita, Cuatro Esquinas, Villa Fátima, Callajchullpa, Kanaut, Señor de Exaltación, y Don Bosco.
A diferencia de otras zonas, donde la disputa genera ventajas para los vecinos, en el caso de estos municipios la situación es diferente, porque los pobladores, además de lidiar con dificultades para la construcción de obras, ven afectada su convivencia pacífica.
“Nos afecta en el sentido de que estamos perdiendo nuestra jurisdicción sobre un determinado territorio y, en ese sentido, no podemos realizar obras en las OTB que están en el límite porque Tiquipaya cada que quisimos hacer viene a impedir y amedrentarnos, nos vemos perjudicados porque así no se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos”, indicó el presidente del Distrito A de Colcapirhua, Javier López.
Comentó que la disputa, por ejemplo, paralizó la perforación de un pozo de agua en la OTB Exaltación desde enero, perjudicando la atención con un servicio básico.
López aseveró que el problema data de hace más de una década, que la tensión es latente en el área en conflicto e impide a las autoridades municipales invertir recursos económicos.
Otra comunidad que ha visto afectada es Rumi Mayu. Algunos vecinos relataron que vivir en la zona es complicado debido a que si bien Tiquipaya, Cercado y Colcapirhua se disputa el área, las obras llegan de a poco porque cada que se intenta ejecutar una se reaviva el conflicto.
Un vecino y exdirigente de la comunidad, José Terrazas, relató que la pugna entre Tiquipaya y Colcapirhua comenzó a agravarse en 2011 cuando se realizaba el empedrado del sector denominado “Demonio Calle” (Franz Tamayo) y éste se superó con la firma de un acuerdo en que se establecía que las obras se harían en consenso.
Sin embargo, 12 años después, dos semanas atrás, la discordia se reactivó por el pavimentado de la calle, poniendo nuevamente en vilo a los vecinos.
“Todo este tiempo no se avanzó nada, Colcapirhua ha homologado la mancha urbana, pero todas estas peleas nos dificultan las obras y lo único que queremos los vecinos es que se resuelva para que podamos estar tranquilos y ver progreso en nuestra comunidad”, puntualizó.
Terrazas dijo que la insistencia y las gestiones facilitaron el acceso a servicios básicos como alcantarillado y recojo de basura, pero que la disputa a la fecha impide el mejoramiento de otras dos vías: Cabrera Calle y Sexta.
En un sondeo, varios vecinos se quejaron del polvo y la falta de mantenimiento de las calles en el área de conflicto, mientras los barrios aledaños cuentan con mejoras cada año.
Por su parte, el concejal de Colcapirhua, Néstor Arellano, señaló que desde 2022 en el Plan Operativo Anual (POA) se va destinando alrededor de 2 millones de bolivianos para el Ejecutivo municipal haga obras en beneficio de las OTB limítrofes.
“Como Concejo, hemos aprobado presupuesto en el POA para atender a los barrios que están en el límite con Tiquipaya, Quillacollo y Cercado, entonces debería ser una prioridad hacer los pavimentos, empedrados o atender las necesidades que se han descuidado otras gestiones”, afirmó.
Sobre este tema, el concejal de Tiquipaya, Javier Cáceres, informó que desde el órgano deliberante se aprobó alrededor de medio millón de bolivianos para realizar el pavimento rígido de 800 metros de “Demonio Calle” y que los trabajos ya tienen más de un 90 por ciento por lo que se está atendiendo las necesidades.
Concluyó que se buscará zanjar el conflicto en la vía legal para evitar enfrentamientos.
PUNTOS DE VISTA
“Los problemas por límites impiden mejorar la calidad de vida de los vecinos y provocan enfrentamientos, una vez tiene que ver soluciones para atender las necesidades”, Javier López, vecino.
“Como ente fiscalizador, apoyamos que este tema se resuelva en la vía legal, con documentación, para así evitar enfrentamientos y afectar a los vecinos de viven en la zona”., Javier Cáceres, concejal.