Bolivia se encuentra ante un posible fracaso de las elecciones judiciales de 2023, proceso que significó un millonario gasto en sus primeras ediciones (225 millones de bolivianos), en las que se impusieron los votos blancos y en las que sólo dos candidatos superaron los 400 mil votos. Los analistas consideran que este proceso, que buscaba cambiar el sistema de justicia, lo único que hizo fue empeorarlo, por lo que destinar otros 183 millones de bolivianos es cuestionable.

El constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero afirma que el objetivo de implementar los comicios judiciales era mejorar el sistema de justicia, pero resultó todo lo contrario: “se prebendalizó, la corrupción creció, se sometió al poder político”, entre otros.

El jurista agrega que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), un ala más que la otra, “se desgarra las vestiduras” al indicar que se tienen que realizar las judiciales y respetar el voto popular, cuando en las dos elecciones anteriores, de 2011 y 2017, obligaron a la gente a votar por sus candidatos porque los dos tercios del masismo eligieron a sus afines y los presentaron ante la población.

“Desde la elección popular, lo que hemos visto es que había interés en favorecer a los dictados del poder político olvidando a la ciudadanía y al mismo tiempo favoreciendo intereses y dejar de lado para lo que se los había elegido”, indica.

Antecedentes

En la primera experiencia (2011), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inscribió a 350 postulantes, de los cuales 118 fueron preseleccionados por el pleno del legislativo para que pasen a elección en las urnas. El MAS impuso sus dos tercios.

En el segundo proceso, que se efectivizó en 2017, se inscribieron 492 postulantes, 142 más que en el primer evento. De esta cantidad, 96 fueron preseleccionados por los dos tercios del MAS en la ALP para que pasen a la etapa de elección por voto popular.

Votos nulos y blancos

Para el proceso electoral judicial de 2011, fueron empadronados 5.243.375 electores. Se contabilizaron 1.768.576 votos válidos (42,34%), además de 629.469 votos blancos (15,07%) y 1.779.425 nulos (42,60%), dando un total de 2.408.894.

Sólo una persona superó los 400 mil votos: Cristina Mamani, para el Consejo de la Magistratura. Dos personas pasaron los 250 mil. Nueve obtuvieron entre 100 mil y 159 mil. Los demás, menos de 100 mil votos.

En 2017, un candidato superó los 400 mil votos: Gregorio Aro, para el Tribunal Agroambiental. Tres superaron los 200 mil, y 10 lograron entre 125 mil y 184 mil votos; los demás, menos de 100 mil.

En este proceso, los votantes habilitados eran 6.438.801, de los cuales votaron 5.442.897; los votos válidos alcanzaron a 1.899.017.

En tanto, los votos blancos fueron 739.666 y los nulos, 2.784.214. Entre ambos, hicieron 3.523.880, cifra superior a la de los válidos.

Los candidatos con menor número de votos y que se eligen por circunscripción departamental fueron René Yván Espada Navía, para el Tribunal Constitucional, 8.646 votos, y Ricardo Torres Echalar, para el Tribunal Supremo de Justicia, 9.842 votos, ambos por Pando, que en 2017 tenía 67.061 votantes.

Gasto millonario

De acuerdo con los resultados, los legistas consideran que no se justifica el gasto, toda vez que las elecciones que presumiblemente iban a solucionar la crítica situación de la justicia antes de 2011, este proceso profundizó el deterioro de este sistema, toda vez que el “poder político” cooptó la justicia con sus representantes preseleccionados por el MAS y electos por una baja votación.

“La preselección de candidatos recae en el parlamento, lo que aumenta el riesgo de que los candidatos del partido en el poder tengan más probabilidades de ser elegidos”, señala el diputado Eusebio Vera.

HECHOS

Comicios 2011

Presupuesto

El Gobierno destinó 100 millones de bolivianos para las elecciones judiciales. Cada voto representa un costo de algo más de 3 dólares.

Judiciales 2017

Mayor presupuesto

Para este proceso, el Gobierno destinó 125 millones de bolivianos. Al igual que en la anterior elección, los votos blancos y nulos superaron a los válidos.

Elecciones 2023

Sube el presupuesto

Para este proceso electoral, el gobernante dispuso 183 millones de bolivianos. Ante el fracaso de las dos anteriores, los analistas consideran que no se justifica el gasto.

En justicia, ni peso ni contrapeso

Los representantes del MAS justifican la elección por voto popular, al asegurar que de esta forma se deja el cuoteo o cupos entre los partidos para presentar a sus candidatos, que se elegían por dos tercios en el Congreso.

Este sistema permitía la existencia de pesos y contrapesos, es decir, la justicia no respondía al poder político.

“En el sistema actual, la mayoría masista en la Asamblea Legislativa eligió a sus afines en las anteriores dos elecciones. Ahora, quiere mantenerlos o designarlos por decreto o ley, porque ya no tiene los dos tercios, y así mantener sumisa a la justicia”, indica el constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.

OPINIÓN

Lo empeoró, destapó vías y canales para que sea el padrinazgo político, den cabida a la corrupción que se desencadenó en el Órgano Judicial, por lo tanto, el sistema terminó peor”. Carlos Alberto Goitia, constitucionalista.

“Una reforma judicial mediante un referéndum será una alternativa viable para cambiar todo el aparato jurídico que fue observado por varios sectores, porque las judiciales fracasaron”. Manuel Morales, Conade.