Las pérdidas económicas para el Estado, el favorecimiento gubernamental a un grupo de empresas y las graves deficiencias de obras construidas en el marco del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, revelados por un reciente reportaje, son sólo un aspecto del lado oscuro de esa iniciativa implementada hace 16 años.

En efecto, la publicación de los resultados de una rigurosa investigación periodística realizada por Acceso Investigativo, Connectas, Erbol y los diarios cruceños El Deber  y El Día revela, entre otros aspectos, que el mencionado plan gubernamental benefició a un grupo de 20 empresas, algunas de ellas de empresarios cercanos al Movimiento Al Socialismo (MAS), muchas obras quedaron inconclusas, otras son tienen serios defectos de concepción y construcción.

El reportaje constata también que el Estado sufrió pérdidas económicas por al menos 102 millones de bolivianos.

Las reacciones de ambas facciones del MAS apuntan, por el lado del evismo, a acusar al Gobierno de demorar una semana en defender al programa cuestionado y atribuye un propósito político al reportaje. La Ministra de la Presidencia declara que “no se puede satanizar un programa que transforma la vida (…) de la población, (…) ha cumplido y sigue cumpliendo”. Y los opositores anuncian investigaciones sobre el tema.

Es cierto que las obras del plan se ejecutaron en todos los municipios del país, que tuvieron que generar cambios —en muchos casos positivos— en la vida de los beneficiarios.

Y es también cierto que un buen número de esas edificaciones son una estafa para el Estado y para la población. Pero los perjuicios alcanzan una dimensión que va más allá de lo económico y de la frustración de las expectativas ciudadanas, y eso, porque afectan a la institucionalidad, a la capacidad de gestión municipal y generaron una dinámica de clientelismo de perversos efectos para la democracia.

La implementación del programa, “lejos de ser una política que fortalezca las autonomías, se superpone a las competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales en lo que respecta a la dotación de infraestructura social y productiva; y asume este rol desde una entidad centralizada” dependiente del Ministerio de la Presidencia, afirma Antonieta Oporto Daza en su tesis de maestría en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador.

“Debido a esa característica, el programa se descubre en los márgenes del Estado, pues da lugar a un ‘Estado de excepción’, elude la normativa que delega esta competencia a los municipios y la burocracia estatal regular”, señala la tesis.

Éstos son algunos de los aspectos negativos de ese programa, aún vigente, que nadie menciona y que debieran preocuparnos tanto como sus perjuicios económicos.