En términos epistemológicos, representar significa “presentar de nuevo”. Estamos hablando de una función en la que se hace presente algo o alguien que poco antes estaba ausente. En el plano teórico, la representación, según autores como Manin, Sartori y Del Rey Morató, se presenta de tres formas: a) como mandato o delegación, b) como semejanza o similitud, y c) como responsabilidad.

En Bolivia, a inicios del siglo XXI asistimos a lo que se denominó crisis de representación política, que no es otra cosa que la crisis del sistema de representación predominante. Esto es la crisis del sistema partidario (o de los partidos políticos) como sistema-eje de representatividad, que desembocó en un viraje jurídico-institucional ubicado temporalmente en la reforma constitucional de 2004; reforma que amplió los mecanismos de representación política en el país. En concreto, lo que se extiende es la gama de sujetos políticos que detentan la representación política de la sociedad, incluyendo así a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas, posibilitando su ingreso como sujetos de representación en la competencia electoral y en la vida política.

Luego vino la aprobación del texto constitucional en 2009, el cual establece que el sistema de organizaciones políticas esté conformado por partidos políticos, naciones y pueblos indígena originario campesinos, y agrupaciones ciudadanas. En ese marco y nueve años después es que, producto del amplio proceso participativo que realizó el Órgano Electoral Plurinacional, contamos con un proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que propone un marco para su funcionamiento, así como para los procesos de democratización interna de estas organizaciones.

Colindante con este debate que empieza a “formalizarse” (en términos de legitimidad), surgen las autodenominadas plataformas ciudadanas, las cuales parecieran aspirar a identificarse como apartidarias, jóvenes, tecnológicas, creativas y constituidas en torno a un único fin: garantizar el respeto al voto del 21 de febrero de 2016. De ser correctas estas generalidades, tales organizaciones estarían muy a tono con los escenarios de reconfiguración política en el resto del mundo. Ese resto del mundo en el que las categorizaciones en torno a la ciudadanía joven (millenial es la categoría que permite generalizar el perfil al que hacemos referencia) la identifican como comprometida con causas y no con proyectos, movilizada tecnológicamente, pero muy poco en la calle. Paradójicamente, las mayores inflexiones políticas de ese resto del mundo han sido generadas con un teléfono móvil en la mano.

Así, el correlato de un fenómeno mundial encuentra asidero en Bolivia en una causa política local (21F), y estaría permitiendo, entre otros factores locales, la irrupción de un nuevo actor ciudadano que ejerce acción política y no así un nuevo actor político, aún. Esa cualidad, se sabe, dependerá de la eficacia de sus acciones para reconfigurar el campo político y no solo para influir en los resultados electorales.

Y será entonces cuando nos podamos responder si es que estamos a puertas de una nueva crisis de representación política que nos muestre la necesidad de institucionalizar la integración de un nuevo actor a un renovado sistema político. Será el resultado de sus acciones lo que determine finalmente si las plataformas ciudadanas están aquí para quedarse.