El Gobierno reiteró este jueves que no emitirá ningún decreto para designar a los magistrados judiciales y remarcó que es respetuoso de la independencia de los órganos estatales que llevan adelante el proceso electoral y que están a la espera de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita su fallo para llevar adelante las elecciones judiciales.

“En este momento, (el fallo) está en manos de la Justicia. He escuchado por los medios que se va a esperar el pronunciamiento del TCP y estamos cumpliendo los plazos. Descartamos lo que han señalado que (se) quiera nombrar por decreto (a los magistrados). Somos respetuosos de la independencia de los órganos (del Estado) y habrá que esperar (el fallo)”, dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que la posición oficial del presidente Luis Arce es “no emitir” un decreto supremo para el nombramiento de las altas autoridades del Órgano Judicial.

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“(Somos) respetuosos del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Asamblea (Legislativa). Es un tema que está en su ámbito. El Ejecutivo ha garantizado 184 millones de bolivianos para un acto que hemos realizado dos veces y esta es la tercera. Es necesario este diálogo, el cual insistimos y convocamos pueda darse para garantizar al país el 31 de diciembre un modelo que nos permita estar tranquilos con una justicia independiente e imparcial”, dijo a RTP.

Plazo

Agregó que los plazos para la elección y la designación de autoridades judiciales están definidos por Constitución Política del Estado y que el de vigencia de los consejeros y magistrados vence el 31 de diciembre de este año.

Respecto al fallo que debe emitir el TCP sobre el recurso de inconstitucionalidad abstracta al reglamento y la convocatoria de preselección de candidatos presentado por el diputado Leonardo Ayala de Creemos, Lima dijo que este vence el 2 de agosto.

“(El Tribunal Constitucional) tiene hasta el 2 de agosto para pronunciarse y la regulación de una elección es una labor del Tribunal Supremo Electoral. Somos respetuosos de cada uno de los poderes del Estado, pero no somos responsables de las acciones que realice cada uno de ellos”.