Carlos Börth ha propuesto crear un partido político para recuperar la nación boliviana y terminar con el Estado fallido impuesto por el MAS. El Estado plurinacional “ha fracasado”, hay que reconstruirlo, eliminar la corrupción y potenciar las autonomías de las regiones. Propone un Estado mixto: regulador y planificador de la economía. Y como novedad plantea el gobierno abierto, que es una nueva forma de entender los gobiernos y las administraciones públicas.

El gobierno abierto se caracteriza por la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración con la finalidad de aprovechar el conocimiento de la ciudadanía para implicarla en la mejora de nuestras sociedades. Exige un cambio de valores, que debe comenzar erradicando el secretismo de la administración del Estado. El Gobierno (cualquier Gobierno) tiene que transparentar la administración pública para cualificar la gestión gubernamental, combatir la corrupción y generar confianza ciudadana.

La transparencia es un conjunto de actos mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de conocer la información que posee el Estado. La rendición de cuentas es la obligación de los Gobiernos y administraciones públicas de dar explicaciones sobre sus acciones y asumir la responsabilidad de las decisiones que adoptan. De ahí que transparencia y rendición de cuentas van de la mano: para que podamos exigir a los gobiernos y administraciones públicas que sean responsables de lo que hacen y de las decisiones que adoptan es necesario que podamos acceder a la información que tienen en su poder.

La transparencia en la cosa pública es una obligación legal y constitucional de todo servidor público. La Convención de la ONU contra la corrupción (Art. 10), que ha suscrito Bolivia, exige adoptar, entre otras cosas, las siguientes medidas: a) la instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales; b) la simplificación de los procedimientos administrativos a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y, c) la publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reafirmado la importancia del acceso a la información pública. La Carta Democrática Interamericana (Art. 4), establece que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. 

A tiempo de aprobar la “Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información Pública”, la OEA estableció que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.

La Constitución (Arts. 106-107) proclama el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. Y aclara, no obstante, que los medios de comunicación social deben contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país.

La libertad de expresión es, por tanto, fundamental para combatir la corrupción, fiscalizar la cosa pública y transparentar las instituciones estatales. Lo que está clarísimo es que la concentración del poder, el prorrogismo, las restricciones a la libertad de expresión, los principios democráticos, la impunidad, la informalidad, la falta de rendición de cuentas, el contrabando, entre otros hechos recurrentes, generan el clima propicio para la corrupción y ésta se encarga de degradar no sólo la gestión del gobierno sino también del Estado y de las instituciones representativas. ¡Bienvenido el gobierno abierto!