Como consecuencia de la reyerta interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) —aunque en los últimos días calmó sus aguas agitadas— salió nuevamente la polémica sobre si, en noviembre del 2019, hubo golpe de Estado o no en Bolivia. Esta polémica se atizó a partir de las declaraciones de un par de diputados oficialistas —tildados de la corriente arcista— que declararon que el entonces mandatario boliviano, Evo Morales, habría instruido a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Pacto de Unidad que soliciten su renuncia presidencial.

Desde aquellas declaraciones, el escenario discursivo boliviano se atiborró de declaraciones polémicas sobre la crisis política poselectoral de 2019. Aquellos personajes políticos involucrados con la ruptura constitucional: la expresidenta Jeanine Añez y el actual gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho —ambos en prisión—, que al unísono solicitaron su libertad inmediata —según ellos—, y dijeron que no hubo un golpe de Estado y más bien un autogolpe organizado por el expresidente boliviano. 

Obviamente, estas solicitudes, una vez más, reavivan esa estrategia de marear la perdiz sobre la ruptura constitucional de noviembre de 2019 y, más bien, según los opositores, fue una narrativa para esconder el supuesto fraude electoral orquestado por el MAS. Nuevamente, esa querella de las narrativas discursivas enclavadas en el clivaje: fraude electoral/golpe de Estado retornó, pero en el fondo tiene un efecto perverso: oscurecer la verdad histórica de los hechos.

En la hipótesis que si efectivamente Morales habría solicitado a los dirigentes sociales que pidieran su renuncia —dicho sea al pasar, hay asideros fuertes que sostienen esta versión— y efectivamente, Juan Carlos Huarachi, el entonces máximo dirigente de la COB, el 10 de noviembre de 2019, pidió al expresidente “escuchar a su pueblo y renunciar para pacificar al país. Si es por la salud del país que renuncie el Presidente”. Obviamente, esta conjetura tendría un propósito político: el vacío de poder. Frente a esa incertidumbre —además no cosa menor fue la “sugerencia” de la cúpula militar para que Morales presente su renuncia presidencial—, el pueblo le pediría su retorno y quizás como hizo el expresidente venezolano Hugo Chávez, en 2002, luego de una intentona golpista volvió al poder en los hombros de su pueblo. Esa receta venezolana, si fuera cierta, no surtió el efecto político en Bolivia y generó las condiciones necesarias para que los sectores golpistas protagonistas de la cruzada conspirativa previa, finalmente, tomaran el timón del Estado por ipso facto: la ruptura constitucional.

O sea: se debe hacer una distinción fundamental entre error político y delito constitucional. En el primer caso, si realmente solicitó Morales su renuncia presidencial a los dirigentes sociales cometió un error político con consecuencias funestas: el golpe de Estado. En todo caso, esta solicitud sería considerada como un yerro político imperdonable. No es el mismo caso de los delitos que cometieron tanto Camacho como Áñez: en el caso del gobernador cruceño es acusado por presunto terrorismo por su participación en la crisis política poselectoral de 2019, y la expresidenta fue declarada culpable por delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” en su posesión presidencial.

Entonces, es una falacia correlacionar error político grave con delito constitucional como sostienen sectores opositores para desvirtuar, una vez más, que en 2019, en Bolivia, hubo un golpe de Estado.

(*) Yuri Tórrez es sociólogo