Un 17 de julio hace 43 años se dio el último golpe militar en Bolivia. Con asesinatos, con detenciones y desaparecidos; con terror en las calles y con la conminatoria de andar con el testamento bajo el brazo. Fue el asalto a la democracia que encabezaron Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

Cuando la democracia en Bolivia aún era muy joven e intentaba consolidarse, los políticos no lograban ponerse de acuerdo en el Congreso para la elección del presidente de la República. Antes, por las mismas razones se habían producido otros golpes dejando gobiernos de facto: el de Hugo Banzer fue el más largo; seguido por Pereda Asbún y el muy violento de Natusch Busch. Pero el que devino en 1980 fue de larga duración, de alianza con el narcotráfico y potenciamiento de esta lacra social, así como de un afán de desaparecer cualquier posibilidad de disidencia.

Los medios de comunicación fueron los primeros en ser silenciados a punta de ametralladoras y amedrentamiento, pero después -con el mismo método- fueron acalladas las voces valiosas de verdaderos luchadores por la democracia, varios dirigentes políticos y sindicales que tenían principios incólumes, que no se vendían por prebendas.

Han pasado 43 años de este tiempo de terror causado por los militares. Y, pese a que ha habido transformaciones, hay cosas que no cambian y métodos nuevos para lograr los mismos objetivos.

Si antes eran los militares los que silenciaban a los disidentes con sus armas y sus botas, ahora hay fiscales y jueces obedientes, que no dudan en emitir acusaciones y fallos contra quienes piensan diferente al partido hegemónico que gobierna el país desde 2006 con un paréntesis de un año al mando de Jeanine Áñez, quien por cierto está encarcelada y sentenciada por la justicia ordinaria, sin que se le haya reconocido el derecho de un proceso de responsabilidades como corresponde y como tuvo el dictador Luis García Meza, pero eso fue cuando se reconocía el valor de las leyes y de los derechos.

En la dictadura se silenciaba a los periodistas persiguiéndolos, apresándolos o mandándolos al exilio; ahora se acalla al periodismo independiente con acoso tributario, asfixia económica restringiendo la pauta publicitaria del Estado y a través de constantes acusaciones que pretenden mellar su credibilidad.

Durante el gobierno de facto se torturaba físicamente a los presos políticos, ahora se los mete a la cárcel o se los acosa despiadadamente como se lo está haciendo con Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que estuvo en la calle primero y ahora en una terraza defendiendo el derecho de usar la oficina de esta entidad, mientras policías funcionales al MAS se lo impiden. Ella se mantiene, pese a ser anciana y pese a estar enferma. Ella está firme como firmes estuvieron tantos dirigentes asesinados y torturados por la dictadura.

Pasaron 43 años y no se aprendieron lecciones fundamentales para vivir en democracia. Por ejemplo, que la libertad de opinión nutre la tolerancia y aceptación; que el poder debe tener principio y final para no ser mal utilizado; que los poderes del Estado deben ser independientes y ser respetados, pues para eso existen y esa es la garantía de que no se cometan abusos.

Lección fundamental para toda la sociedad es que la libertad de prensa es el derecho del ciudadano a informarse donde quiere y no donde le imponen; derecho a saber lo que pasa en la sociedad y, sobre todo, derecho a opinar con libertad. Si no hay medios y periodistas independientes, la que pierde es la sociedad.

A 43 años del despiadado golpe de Luis García Meza es clave mirar la historia y exigir que los derechos ciudadanos no sean conculcados nunca más.