Asegurando que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cumplió con todos los pasos necesarios para avanzar en el proceso para la elección de magistrados, con la aprobación del reglamento, en dos ocasiones, y una Ley Corta para agilizar plazos, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledezma, expresó su preocupación por el retraso en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reconoció que existe riesgo de que las Elecciones Judiciales no se realicen.

“La Asamblea Legislativa desde las funciones y atribuciones que le confiere la Constitución Política, ha hecho el trabajo que le corresponde, hemos aprobado en dos oportunidades el reglamento y hemos aprobado una Ley Corta para ajustar los plazos, lamentablemente el Tribunal Constitucional no sacó el fallo y producto de ello esto se viene atrasando, los tiempos se vienen acortando y corre el riesgo de que las elecciones judiciales no se lleven a cabo”, declaró la autoridad.

Ante la posibilidad de un fallo adverso para la realización de las Judiciales, Rodríguez señaló que no está descartada posibilidad de considerar una “nueva ley corta” para abordar esta situación. Sin embargo, enfatizó que dicha propuesta aún está sujeta a discusión y debate en el Legislativo como con el Órgano Ejecutivo.

Así mismo, el titular del Senado indicó que la tarea del Parlamento es cumplir con la preselección, para que posteriormente sea el Órgano Electoral, con los tiempos necesarios, la instancia que organice y lleve adelante los Comicios Judiciales. «Esperemos que esto se pueda agilizar», sostuvo.
Desde la oposición, el diputado José Carlos Gutiérrez, aseguró que existen cálculos políticos entre el Gobierno del Movimiento al Socialismo y el Tribunal Constitucional Plurinacional para obstaculizar y hacer fracasar la realización de las Elecciones Judiciales, forzando nombramientos o interinatos vía “decretazo”.

Gutiérrez cuestionó el trabajo de los miembros del TCP, señalando que existe responsabilidad en esta instancia por el prolongado período de tiempo usado para definir un fallo que permita el avance de las Elecciones Judiciales o las descarte definitivamente.

“Desde la presentación de una acción de inconstitucionalidad abstracta para restituir los dos tercios en el proceso de preselección de candidatos, el pasado 25 de abril pasado, el Tribunal Constitucional tenía 45 días de plazo para aceptar o rechazar el recurso”, sostuvo el legislador, preocupado por la falta de certezas que esta espera le da al proceso.

Por ello, denunció un supuesto plan, en coordinación con el Gobierno, para ejecutar un boicot al proceso de las Elecciones Judiciales.

En criterio del legislador cruceño, por necesidad y fuerza mayor, el Tribunal Constitucional está en la obligación de resolver el recurso presentado por un diputado de Creemos, ya que con la postergación del respectivo fallo, se está afectando la agenda del TSE.

Anteriormente, la magistrada del TCP, Karen Gallardo, ratificó que esta entidad tiene hasta finales de julio para emitir la sentencia que definirá si prosigue o no el actual proceso de preselección de postulantes a autoridades del Órgano Judicial.

La semana pasada, desde el TSE se garantizó la realización de las elecciones judiciales, solo si la Asamblea Legislativa Plurinacional concluye el proceso de preselección de candidatos hasta el 3 de septiembre, fecha que posibilitaría organizar la votación y entrega de credenciales a las nuevas autoridades hasta fin de año, posibilitando la posesión e inicio de funciones a partir del 3 de enero de la gestión 2024.

“El OEP advierte que para lograr ese propósito es imprescindible que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque oportunamente al proceso de postulación y preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyendo ese proceso de preselección el domingo 3 de septiembre de 2023 para entregar al TSE las listas de candidatos preseleccionados el lunes 4 de septiembre de 2023”, señala un pronunciamiento del ente electoral.