El Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizó la realización de las elecciones judiciales para el domingo 3 de diciembre en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional concluya el proceso de preselección el domingo 3 de septiembre y entregue las listas de postulantes preseleccionados al día siguiente.

En un documento leído por el vicepresidente del órgano electoral, Francisco Vargas, se hicieron conocer las cuatro conclusiones tras un encuentro de vocales naciones y departamentales en Porongo, Santa Cruz, entre este jueves y viernes.

En el primer punto, el TSE garantizó el desarrollo de las actividades relacionadas para llevar a cabo la elección judicial el domingo 3 de diciembre. Esa fecha permitirá la entrega de las credenciales a las autoridades electas hasta fin de este año y de esa manera sean posesionados el martes 2 de enero para que asuman funciones a partir del 3 de enero de 2024 en reemplazo de las autoridades salientes.

Sin embargo, el Órgano Electoral Plurinacional advirtió que para lograr ese propósito es “imprescindible” que el Legislativo convoque “oportunamente” al proceso de postulación y preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyo proceso debería concluir el domingo 3 de septiembre “para entregar al TSE las listas de candidatos preseleccionados el lunes 4 de septiembre”.

De esa manera, se pueda convocar ese mismo día a las citadas elecciones “respetando el plazo mínimo de 90 días que debe existir entre la convocatoria y la fecha de elecciones como establece la ley 026 del Régimen Electoral en el parágrafo 1 de su artículo 94”.

“El Órgano Electoral Plurinacional no garantiza la entrega de credenciales a las autoridades electas si la nómina de candidatos preseleccionados no es remitida por la asamblea legislativa plurinacional hasta el domingo 3 de septiembre del 2023”, se advierte en el tercer punto.

En el último punto, el TSE ratificó su compromiso institucional con el ejercicio de la democracia y con los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos para advertir de las necesidades del “respeto a los plazos técnicos y legales mínimos con el fin de cumplir su misión constitucional”.

Desde el 27 de abril el proceso se encuentra paralizado por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, contra el nuevo reglamento y la convocatoria de la preselección judicial.

Según el legislador, el reglamento se aprobó mediante una resolución de la Asamblea Legislativa y no a través de una ley, como sucedió en las elecciones judiciales de 2017.

Hasta el momento se aguarda la resolución que emita el TCP. La decisión final se prevé que se conozca para finales de este mes. //agc