Ante la demora del fallo por parte del TCP, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso en duda este jueves que las elecciones judiciales se lleven a cabo este año, tomando en cuenta el tiempo que se requiere para la etapa de preselección y para ejecutar el proseo electoral. 

“No sabemos realmente, y hay que decirlo, si vamos a llegar a tiempo, si vamos a poder hacer las elecciones, si van a haber elecciones. No lo podemos asegurar, pero nuestra obligación es trabajar y preparar todo, partiendo del supuesto de que sí va a haber elecciones”, dijo el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. 

Este jueves, en Santa Cruz el TSE desarrolló un Taller Nacional de Situación de la Planificación, Organización y Realización de la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional 2023, donde participaron los vocales nacionales, departamentales y directores. 

En ese sentido, Hassenteufel señaló que inicialmente ellos indicaron que requieren mínimamente un plazo de 120 días para ejecutar todo el proceso electoral, aunque la Ley corta que promulgó el Gobierno les otorga hasta 100 días. Indicó que deben cumplir con el proceso, pero afirmó que se encuentran en una situación “delicada” porque no pueden avanzar en su preparación, mientras el TCP no emita su fallo.

“Hace un par de días que estuve en Sucre, nos comentaron que el TCP informó que a fines de este mes estaría emitiendo su pronunciamiento, es un compromiso oficial. Pero nosotros debemos, en función de eso, ver si todavía podemos llegar oportunamente a los plazos que tenemos dentro de las normas legales y de lo que es el aspecto técnico”, expresó.

El martes, la magistrada del TCP Karem Gallardo informó que hasta finales de julio se emitirá una sentencia constitucional, en respuesta a la acción de inconstitucionalidad abstracta que planteó el diputado de Creemos Leonardo Ayala, que paralizó el proceso de preselección. 

Reacciones 

Al respecto, el diputado de creemos José Carlos Gutiérrez recordó que la ley 256 de procedimiento constitucional, dispone un plazo de 45 días para que el Tribunal constitucional plurinacional emita un fallo. Consideró que, en complicidad con el gobierno, pretenden que este proceso no se lleve a cabo para designar a los nuevos magistrados a través de un decreto supremo. 

“Queremos denunciar al Tribunal constitucional por incompetente, porque la Ley 254 le da un plazo de 45 días. Al TCP no le da la gana emitir un fallo porque está haciendo un cálculo político, junto al Gobierno, precisamente para interrumpir imposibilitar la elección judicial”, manifestó.

Su colega de Comunidad Ciudadana (CC) Senaida Rojas lamentó que el gobierno de Luis Arce utilice a la justicia como su brazo operador; espera que este tema sea tratado de forma urgente en la Asamblea Legislativa porque no permitirán que se designe a los magistrados por decreto.