ESCUCHA ESTA NOTA
17 de julio de 2023, 4:00 AM
El proceso para elegir magistrados está paralizado por una demanda ante el Tribunal Constitucional (TCP) que debería responder a fin de mes. Los plazos son apretados para evitar el “vacío de poder” en el Órgano Judicial y desde Legislativo admiten que “existe este riesgo”. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), anticipó que en agosto se asumirán decisiones “para no dejar a la intemperie” a la justicia.
El mandato de las 23 altas autoridades del Órgano Judicial debe concluir el 31 de diciembre y no existe la posibilidad constitucional de ampliarlo. La situación es “muy delicada”, insistió el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, quien lideró una reunión nacional en Santa Cruz, precisamente, para evaluar este complejo escenario.
De hecho, el TSE fijó una postura sobre los plazos y dejó claro que el asunto también depende de “la voluntad política” de la Asamblea Legislativa que debe seleccionar los candidatos por dos tercios. El TSE pidió que este proceso se cumpla hasta el 3 de septiembre con la idea de llevar adelante los comicios el 3 de diciembre, “la fecha tope” para poder cumplir con la ley. Los nuevos magistrados deben jurar el 3 de enero de 2024 y eso es inamovible, advirtieron los vocales del TSE.
El día proyectado para la incierta elección judicial coincidió con aquella fecha de 2020 que había elegido el ministro de Justicia, Iván Lima, para comenzar la reforma judicial. La anunciada iniciativa contempló la posibilidad de reformar la Constitución, precisamente, para modificar la forma en la que se eligen a los magistrados.
“El día jueves 3 de diciembre (de 2020) a las 15:00 va a empezar a funcionar la Comisión de Asesoramiento a este ministro, para hacer la reforma de la justicia, para cambiar la Constitución, para tener una nueva justicia”, indicó Lima entonces. “De los 10 miembros, han aceptado mi invitación destacadísimos profesionales. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, va a ser parte de esta comisión; el exmagistrado del TCP José Antonio Rivera; el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar José Luis Gutiérrez Sardán y el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia”, anunció Lima.
La comisión no llegó a deliberar y se diluyó. Lima demandó, entonces, el compromiso de todos los partidos para garantizar la reforma que implicaba cambios en la Constitución. En la actualidad, el ministro apoya la formación de jueces. “Este es el camino a institucionalizar la carrera judicial, esto nos dará la garantía del ingreso por la puerta grande. Este paso que concretamos es quizá el más importante de los seis ejes de la reforma, consolidar la independencia judicial”, señaló Iván Lima el 11 de julio, cuando se graduaron los primeros 24 profesionales formados en la Escuela de Jueces de Sucre en el área agroambiental.
El abogado Juan Del Granado, que es parte del colectivo profesional Juristas Independientes, señaló que esas medidas son “remiendos” y prueba de ello es el complejo momento por el que atraviesa la institucionalidad del país con elecciones inciertas. “Nunca el Gobierno tuvo una verdadera, seria y estructural propuesta de hacer la reforma. Plantearon, en tres momentos distintos, parches y remiendos; soluciones coyunturales y estos fueron abandonados por el Gobierno. De ahí, fue urgente que la ciudadanía tome la iniciativa”, apuntó y recordó la campaña de recolección de firmas que realizó junto a varios profesionales y colectivos ciudadanos en favor de la justicia.
Los Juristas Independientes activaron desde 2022 “una cruzada nacional” para una reforma constitucional del sistema judicial. “No propusimos un simple ajuste”, afirmó Del Granado. Además, consideró que si la iniciativa prosperaba, el país se evitaba de este complejo momento de incertidumbre.
La reforma planteaba la eliminación de la competencia legislativa de seleccionar a postulantes para delegar esa atribución a una comisión ciudadana “que pueda hacer la selección de postulaciones en base a méritos e idoneidades”. El segundo componente tuvo que ver con la asignación del 3% del Presupuesto General del Estado, de manera que esté inscrito en la Constitución. “Así sería un número no negociable”, afirmó Del Granado y recordó que la reforma también incluyó el acceso al servicio judicial “por la vía de la justicia indígena originaria y la justicia de paz”, un beneficio que pudo incluir a la población que habita en los barrios periurbanos de las ciudades.
Para viabilizar la propuesta se necesitaban de 1,5 millones de firmas, pero al final del proceso los Juristas Independientes recogieron 833.115 de rúbricas. Así, el proceso de reforma se estancó, pero, según Del Granado, se dieron las bases de un “acuerdo nacional”, por el elevado respaldo que tuvo la reforma. “Nuestra propuesta ya tiene una legitimidad de más de 800.000 firmas que es la base de un acuerdo para modificar la Constitución y llevar adelante la selección y elección de magistrados”, un proceso ahora estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ministro de Justicia, Iván Lima consideró que una reforma en estos términos sería posible a partir de 2029, tomando en cuenta la organización de un referéndum.
“Pero si hay elecciones bajo estas condiciones será una parodia, porque no va a resolver los problemas de fondo que enfrenta la justicia”, cuestionó Del Granado.
Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, “la elección judicial ha dejado de ser un asunto constitucional y ahora es político”, afirmó. En este contexto, consideró que la pugna interna en el MAS también es por el control del Órgano Judicial. Los actuales magistrados fueron elegidos en la gestión de Morales.
“La justicia está pensada para seguir reproduciendo poder. Las elecciones judiciales solo están en manos de la decisión política del MAS”, anotó el constitucionalista.
Recordó que el mandato constitucional de los magistrados concluirá el 31 de enero y que son cargos “improrrogables”. Alertó que si el Gobierno intenta extenderlos será ilegal. “Aunque es posible que se vuelva a modificar la Constitución con decretos como lo hizo el presidente Luis Arce, hace poco, cuando restituyó en el cargo a Eduardo Del Castillo, el ministro que fue censurado por más de dos tercios de la Asamblea”, apuntó.
El constitucionalista dijo que “las elecciones judiciales son parte de una decisión política, porque no está bajo el mandato estricto de la Constitución”. “Debería haber sí o sí elecciones judiciales este año, pero, esto tiene otro ámbito”, afirmó y pidió observar que “el Órgano Judicial ingresó en una disputa entre dos poderes internos del MAS”, que están representados por la facción del gobierno de Arce y la que respalda el retorno al poder de Evo Morales.
Desde abril fueron aprobados tres reglamentos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para las elecciones. El más reciente está vinculado con una ley corta que está congelada a la espera del fallo del TCP. Santistevan cree que hay intereses en ese Tribunal, pues sus magistrados tienen que concluir su mandato.
