La última reunión del Consejo de Autonomías celebrada en La Paz ha dejado claro que el modelo por el que apostó Bolivia para su propio desarrollo es hoy un brindis al sol con todas sus letras. Pasto de las llamas que dirían otros.

El último Consejo fue citado para tratar un tema absolutamente técnico y absolutamente menor como los avances en el Censo de Población y Vivienda, es decir, para recibir un informe sin más que efectivamente no necesitaban los gobernadores de primera mano, pero que de nuevo le ha dado legitimidad al presidente Luis Arce en el caso de que las cosas se llegaran a torcer en el futuro. Siete de los nueve gobernadores dieron su sí quiero.

El gran ausente fue Luis Fernando Camacho, preso preventivo desde finales de 2022 por el caso del golpe de Estado que sigue trabajando como gobernador pero al que no se le concede permiso para trabajar, por lo que sigue gobernando desde el penal paceño constituyendo un sin sentido en términos de aplicación de jurisprudencia. Justo había logrado permiso para asistir a esa reunión innecesaria, pero Régimen Penitenciario no movió un dedo para facilitarlo.

Los gobernadores opositores podían haber utilizado el momento para denunciar estos hechos, sobre todo los que más hablan de persecuciones y golpes, pero no se hizo. Las urgencias mandan y todos prefirieron asistir y sacarse una buena foto en las escaleras de la Casa Grande del Pueblo para ver si así se agilizan algunos de los proyectos pendientes para los que no hay plata que marcar una línea de protesta.

El asunto sin embargo va más allá. Camacho utilizó rápidamente su protagonismo de 2019 para encabezar un proyecto enfocado en “revisar la relación de Santa Cruz con el Estado” con todos los matices separatistas que se quieran reconocer ahí, pero en lugar de asumirlo como tal lo envolvió en una suerte de demanda federal con el objetivo de arrastrar a otros gobernadores a su causa, pero finalmente ha sucedido justo lo contrario.

Es verdad que el modelo autonómico se ha agotado antes siquiera de empezar a desarrollarse de forma decente. Es verdad que la Ley Marco de Autonomías puso todos los candados imaginados para que ese modelo no avanzara sustancialmente nunca, para que se acabara pidiendo permiso hasta para comprar lapiceras. Y es sobre todo verdad que no hay autonomía viable sin manejo económico autónomo y esto no es posible sin un mínimo Pacto Fiscal que distribuya los recursos racionalmente en función de las competencias claramente asumidas, que esa es la otra: como la inmensa mayoría de las obligaciones son concurrentes o compartidas, al final, nadie acaba de hacer nada porque es fácil arrojarle la culpa al otro.

Como sea, el modelo autonómico se ha dado por superado y lo que toca es abordar un nuevo desafío para organizar este Estado enorme y desconectado con enormes carencias. Guste más o guste menos, el modelo debe ser debatido y aclarado en lo sustancial, pues el actual modelo solo facilita el populismo y el caudillismo, algo para lo que en realidad no tenemos tiempo en este país con tantas necesidades y tanto tiempo perdido precisamente en esas batallas.

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