Santa Cruz, 14 de julio 2023
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizó el desarrollo de las elecciones judiciales para el domingo 3 de diciembre a condición de que la Asamblea Legislativa le haga llegar la lista de postulantes seleccionados el lunes 4 de septiembre.
El anuncio fue leído este mediodía por el vicepresidente del órgano electoral, Francisco Vargas, quien resumió en cuatro puntos las conclusiones del taller que desarrollaron vocales naciones y departamentales, además de directores en Porongo, Santa Cruz, los días 13 y 14 de julio.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) garantiza el desarrollo de la elección judicial para el domingo 3 de diciembre, “fecha que permitirá la entrega de las credenciales a las autoridades electas hasta fin de este año», dice el primer punto del documento.
El fin de esos plazos es que las autoridades electas sean posesionadas el martes 2 de enero para que asuman funciones a partir del 3 de enero de 2024.
El proceso de convocatoria y preselección de postulantes está en pausa por una acción de inconstitucionalidad irresuelta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anunció un fallo para finales de este mes.
En los comicios serán elegidos 23 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental, y tres del Consejo de la Magistratura.
Vargas aclaró que la Asamblea Legislativa debe aprobar la lista de postulantes seleccionados hasta el domingo 3 de septiembre y entregarla al día siguiente, lunes 4, al OEP.
De ese modo, el TSE convocará «ese mismo día las citadas elecciones, respetando el plazo mínimo de 90 días que debe existir entre la convocatoria y la fecha de elecciones», como dicta la Ley 026, de Régimen Electoral, argumentó.
En el punto 3, el TSE aclaró que el OEP «no garantiza la entrega de credenciales a las autoridades electas si la nómina de candidatos preseleccionados no es remitida por la Asamblea Legislativa hasta el domingo 3 de septiembre».
En el punto 4, el OEP ratificó su «compromiso institucional» con el ejercicio de la democracia y con los derechos políticos de los ciudadanos, y advirtió, sin embargo, la necesidad del respeto a los plazos técnicos mínimos «con el fin de cumplir su misión constitucional». //La Razón
