La elección de magistrados para cuatro altos organismos del aparato judicial del país sigue marchando entre abrojos y espinas. No se puede dejar de considerar que el proyecto de llegar a las elecciones de estas autoridades quede estancado en medio camino y que se deberá recurrir a decreto supremo para nominar a los 94 integrantes de dichas dependencias.

Inicialmente aparecieron observaciones en sentido de que el sistema de elección por vía electoral de los magistrados no es conveniente, ya que el primer intento que se hizo en ese sentido, tuvo lamentables resultados. El reemplazo de esos altos miembros del Órgano Judicial se hizo imprescindible, pero, llegado el momento de ir a la elección, se chocó con otros escollos que fueron siendo superados con observaciones y críticas del foro judicial, aunque, finalmente, se pudo salir adelante.

En esa forma, la elección de magistrados desde arriba se encuentra en un callejón sin salida, mucho más porque el Tribunal Constitucional demora en dictar una sentencia sobre las primeras observaciones. Esta retardación impide que el Órgano Legislativo continúe con sus labores para atender el asunto electoral y atribuya esa situación a que dicho tribunal sigue empantanado, sin hallar soluciones para asuntos que tiene en mesa.

En esa forma, la elección popular de magistrados parece ser cada vez más remota, lo que puede determinar que ya no se pueda realizar en las condiciones establecidas. Y, en vista de la carencia de magistrados en funciones, el Órgano Ejecutivo tenga que proceder a la elección a dedo de dichos funcionarios, evitando, en esa forma, el vacío de poder, algo que se ha hecho frecuente en el país.

En general, se puede considerar que el sistema de elegir magistrados por voto popular, así como por vía del Órgano Legislativo, no han dado resultado en Bolivia, así como en numerosas naciones del mundo que, frente al fracaso, se han visto obligadas a recurrir al sistema de elección solo para diputados, que es el único que ha dado buenos resultados, tanto en lo que se refiere a su elección como a su funcionamiento.

Pero, como van las cosas, ahora el Tribunal Constitucional ha informado que hasta fines de julio podrá dictar una esperada sentencia, demora que permite concluir que lo que se intenta, en algunos círculos políticos oficialistas, es que ya no haya elección popular. En esa forma, el régimen vigente tendría la oportunidad de elegir a magistrados por decreto supremo, “a dedo”, como dice la opinión pública, a fin de mantener al Órgano Judicial bajo su dependencia. Por ello se expande la versión de que la justicia en Bolivia depende del Ejecutivo.

En todo caso, estas hipótesis, como las de otros, nacen por la crítica situación en que se encuentran las libertades de prensa, comunicación e información en el país. En ese sentido, lo único que queda es esperar para saber si la elección de los magistrados de la nueva gestión se realizará o se confirmará lo que dicen quienes ponen en duda esa consulta a la población.