Tras los anuncios del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, sobre esperar una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se puedan adecuar plazos y organizar actividades previas a las Elecciones Judiciales, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, señaló los plazos ya están desactualizados y quedó demostrado el interés del Gobierno en hacer fracasar el proceso.

En conferencia de prensa, el legislador paceño destacó la posición del Órgano Electoral que, mediante su presidente, apuntó que “no serán un apéndice de los Órganos Legislativo y Ejecutivo”, sin embargo, las acciones de esta instancia demuestran que los comicios judiciales no se llevarán a cabo en esta gestión, debido al vencimiento de los plazos, cumpliendo así los planes de un Gobierno que se opone a cualquier cambio en el ámbito de la justicia.

“Claramente se ha señalado que la ley promulgada por el Presidente para las Elecciones Judiciales ya está desactualizada en lo que se refiere a los plazos, ya no alcanza para hacer la elección este año, eso es lo que estaba buscando el MAS”, afirmó Alarcón.

Reprochó además que representantes del oficialismo y autoridades constantemente hayan intentado responsabilizar a la oposición ante un posible fracaso del proceso para las Judiciales, esto tomando en cuenta que es el partido de Gobierno el que, en la actualidad, controla todo un andamiaje de instituciones para dirigir y dar cumplimiento a sus intereses.

“Con esto se demuestra claramente que el principal saboteador ha sido el gobierno porque se quiere tener a altos jueces interinos que sigan bajo sus pies para ser verdugos de los derechos humanos, garantías judiciales y se encubran actos de corrupción”, dijo.

En criterio de Alarcón, las dos paralizaciones al proceso de preselección de candidatos a altas cortes, fueron producto de un contubernio entre el Gobierno y el Órgano Judicial, mismo que paralizó en dos ocasiones las convocatorias, con la finalidad de ocultar la falta de interés demostrada por profesionales para postular a uno de los cargos.

“En la primera le han tirado el salvavidas a dos días del vencimiento del plazo, cuando habían algo más de seis postulantes, una Sala Constitucional del Beni ha paralizado toda la convocatoria. Después, en la segunda convocatoria, a pocos días del vencimiento había una cifra insuficiente para haber hecho la preselección y la elección, en esta ocasión fue el propio Tribunal Constitucional el que ordenó esta paralización”, recordó.
En ese sentido, afirmó que la Comisión Mixta de Constitución no fue la instancia que determinó acatar paralización alguna, sino en la que recayeron los planes del poder para sabotear el proceso. “El mecanismo que ha utilizado, en contubernio, el Gobierno con el Tribunal Constitucional han paralizado a la Comisión Mixta”, indicó.

El miércoles, tras el anuncio del TCP sobre emitir hasta fines de este mes la sentencia respecto a las Elecciones Judiciales, Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, señaló que se esperará una decisión definitiva de esta instancia para “probablemente” tener que adecuar plazos y de esta forma se garantice el proceso en esta gestión.

La autoridad electoral recordó que las elecciones deben realizarse hasta el 3 de diciembre, ya que de existir la necesidad de repetir la votación en algunas mesas, se deben esperar 15 días, lo que permitiría tener un cómputo final y la lista de elegidos a tiempo para que puedan posesionarse los primeros días de enero.

Un día antes, la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Karen Gallardo, ratificó que esta entidad tiene hasta finales de julio para emitir la sentencia que definirá si prosigue o no el actual proceso de preselección de postulantes a autoridades del Órgano Judicial.

“Aproximadamente a finales de julio es que tenemos para poder dictar la sentencia constitucional. Más de eso no podría informarles, estamos conforme a procedimiento”, manifestó Gallardo a la Red Erbol.

Ayer, miembros de la Sala Plena del TSE y vocales departamentales se reunieron en la ciudad de Santa Cruz para realizar ajustes y adecuaciones a los tiempos establecidos para encarar las elecciones judiciales mientras se espera un fallo del TCP sobre el recurso presentado contra la convocatoria y el proceso de preselección de candidatos.

“Se convocó a todos los vocales del país, tanto nacionales y departamentales, además de directores, para hacer una serie de ajustes al calendario electoral con base en los 100 días fijados por la ley corta”, informó la vocal Dina Chuquimia.

“No podemos anticipar una fecha para el proceso electoral, pero de forma preliminar proyectamos que podría realizarse el primer domingo de diciembre”, indicó Chuquimia en declaraciones al canal estatal.

Según normativa vigente, las actuales autoridades judiciales concluyen su período de mandato el próximo 31 de diciembre, por lo que los nuevos altos magistrados deben estar posesionados hasta el 3 de enero de 2024.