Las elecciones judiciales no tienen una fecha definitiva y aún no existe ningún aspirante a magistrado que haya sido seleccionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso, se trata de “una situación delicada”, afirmó ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, quien está reunido desde ayer en Santa Cruz con todos sus vocales del país para fijar una postura institucional sobre este asunto. 

Eso sí, la “reunión interna” del TSE partió ayer con la idea de dejar todo listo para llevar adelante el proceso electoral hasta el próximo 3 de diciembre, pero como fecha tope. “Luego de eso sería muy difícil técnicamente realizar una elección porque se tienen que emitir credenciales y realizar la posesión de nuevas autoridades el 3 de enero”, explicó ayer a EL DEBER Francisco Vargas, el vicepresidente del Órgano Electoral. La autoridad subrayó, además, que el Legislativo debe cumplir su parte en este proceso. 

“El proceso electoral no solo depende del Tribunal Supremo Electoral, sino depende de la voluntad política que debe existir en la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene la competencia y atribución de preseleccionar a los candidatos y candidatas”, apuntó Francisco Vargas poco antes de la reunión de evaluación del TSE.

El artículo 198 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la elección de las máximas autoridades judiciales del país a través del sufragio universal. El mandato de los elegidos es de seis años y la Carta Magna no establece un mecanismo de prórroga. Los 26 magistrados titulares, junto con sus suplentes elegidos en 2017 ejercerán funciones hasta el último día de 2023.

Por eso, en la próxima elección judicial, la tercera en la historia del país, se elegirá a cinco magistrados titulares y a cinco magistrados suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres consejeros suplentes para el Consejo de la Magistratura. En representación de cada departamento, serán elegidos nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia; y nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sumarán en total 46 magistrados elegidos y seis consejeros, incluidos suplentes.

Pero, las elecciones judiciales están paralizadas desde abril. Los problemas comenzaron por la falta de consenso entre las tres fuerzas políticas para aprobar el reglamento de preselección. La situación se agravó con la presentación de amparos que impugnaron los requisitos de la convocatoria.

Además, un recurso interpuesto por un diputado de Creemos detuvo por completo el proceso y la decisión final está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que debe entregar un fallo definitivo y vinculante a fines de este mes. De hecho, los legisladores del MAS del ala ‘arcista’, optaron por esperar esa decisión del TCP para aprobar un nuevo reglamento, pero esta vez sobre la base de una ley que le otorga 100 días al TSE para poder preparar el proceso y 60 días a los legisladores para aprobar la lista de candidatos. 

Vargas hizo notar que para el 3 de diciembre restan 140 días y que este plazo clave se va reduciendo. “El plazo se basa en una fecha hito que tiene que ver con el momento en el que la Asamblea remita la lista de los candidatos preseleccionados. Si no se cuenta con eso será muy difícil dar continuidad al proceso electoral para llegar a una jornada de votación”, puntualizó el vicepresidente del TSE.

Poco después, Hassenteufel informó, ya en el contexto de la reunión con los vocales y directores del TSE, que estuvo en Sucre donde conoció la decisión del Tribunal Constitucional de presentar el fallo antes de fin de mes. “Es un compromiso oficial (del TCP), pero nosotros debemos ver si en función de eso todavía podemos llegar a los plazos que tenemos dentro de las normas legales y lo que es el aspecto técnico”, explicó.

La autoridad presentó ayer un análisis sobre la modalidad de elección de autoridades judiciales que existe en el país, sin dejar de lado las posturas sobre la independencia de la justicia. “La Asamblea Legislativa no hace la designación (de magistrados), pero hace la preselección de los candidatos y al hacer esa preselección, de alguna manera, continúa vigente aquella influencia política y eso puede ser pernicioso; lo deseable es que no intervengan, pero todavía no hemos logrado inventar esa solución porque la Asamblea es una institución eminentemente política”, afirmó. 

Aclaró que ese debate, en términos institucionales, no es de interés del Órgano Electoral. “Nosotros debemos respetar la Constitución y la Ley y debemos preparar el proceso electoral como tal y en eso estamos. Estamos en una situación muy delicada porque no podemos avanzar en esa programación, en esa preparación, mientras el Tribunal Constitucional no emita su fallo”, anotó el presidente del TSE.

El diputado Renán Cabezas, de la facción que respalda el retorno de Evo Morales al poder, dijo que ante este escenario se debe debatir una ley especial que será presentada la próxima semana para que la Asamblea designe “a autoridades interinas” una vez que los 46 magistrados concluyan su mandato el 31 de diciembre.

Desde el MAS ‘arcista’, el diputado Juan José Jáuregui afirmó los plazos se pueden reducir y se mostró optimista para llevar adelante el proceso electoral este año.

El TSE se pronunciará hoy para ver si puede hacer esos ajustes.