El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló este miércoles que aguardan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el recurso presentado contra la convocatoria y el proceso de preselección de las judiciales, para adecuar “probablemente” algunos plazos, y afirmó que las elecciones deben realizarse el 3 de diciembre.

Reivindicó esa fecha porque los magistrados elegidos deben ser posesionados el 3 de enero de 2024, cuando acaba el mandato de los actuales y conforme a la Constitución Política del Estado (CPE). 

“Nosotros tenemos una fecha, el 3 de diciembre debe realizarse la elección, porque el 3, si hay la necesidad de repetir en algunas mesas, debemos esperar 15 días hacia adelante, eso nos permitiría llegar con el cómputo final y las listas de elegidos a tiempo para que puedan posesionarse el 3 de enero”, remarcó la autoridad.

El martes, Karem Gallardo, magistrada del TCP, indicó que hasta finales de julio se emitirá la sentencia constitucional en este caso, que definió la suspensión provisional del reglamento y la convocatoria de preselección de candidatos de las altas autoridades al Órgano Judicial.

Hassenteufel indicó que la expectativa en el país está sobre el fallo que pueda emitir el TCP, con el fin de que se pueda retomar el proceso, primero en la aprobación del reglamento y la convocatoria para la preselección de candidatos, y segundo, para que posteriormente el TSE puede llevar adelante el proceso electoral.

“El jueves y el viernes el Órgano Electoral Plurinacional va a realizar un taller nacional en la ciudad Santa Cruz a objeto de dar el toque final de todos los preparativos (como) el calendario electoral, la aprobación de los reglamentos y la aprobación de todo lo que hace falta para este proceso electoral (judicial)”.

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El 24 de abril, el diputado Leonardo Ayala, de la opositora Creemos, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP. En su petitorio, alega que la Sala Constitucional de Beni observó el reglamento de preselección en su totalidad y que los asambleístas elaboraron uno nuevo, cuando lo que correspondía era una ley, como sucedió en 2017 con la Ley 960 Transitoria.

Demanda

Además, demanda que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para las judiciales. “La convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de postulantes habilitados, las impugnaciones, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación profesional, la evaluación de conocimiento escrita, la entrevista. El informe final de evaluación y la preselección propiamente de candidatos”, según el auto constitucional 0186/2023, del 27 de abril.

A la espera de ese fallo, y con el objetivo de ganar tiempo, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513 para garantizar los comicios judiciales de este año. La norma acorta los plazos y otorga a la Asamblea Legislativa 60 días para la preselección y selección de postulantes y al TSE, 100 días para la organización de las elecciones.

En el proceso serán elegidos miembros titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional.