Su constructora, de apenas dos empleados según declaración ante el Seprec, fue capaz de construir el Teatro Nacional de Oruro, por 60 millones de bolivianos (8,68 millones de dólares), y paralelamente las sedes de los mineros en La Paz y de las mujeres campesinas Bartolina Sisa. Y todo sin poder subcontratar más de un 25 % de la obra, como dictan los contratos.
¿Cómo fue capaz de construir tres proyectos con tan pocos empleados? Márquez Saleg fue consultado para esta investigación sobre sus negocios con la UPRE, pero respondió que por cuestiones judiciales no podía pronunciarse al respecto. El arquitecto se ha mantenido con un perfil bajo, alejado de las fotografías y escenarios políticos. Pero su habilidad para moverse en los negocios ha sido indudable, y le ha permitido lograr nuevos contratos públicos en el actual Gobierno de Luis Arce Catacora.
Similares niveles de dependencia del programa han tenido las compañías como Estrutec, Varing, Tordoya, Ibaza, Megaconst, Cromin, Creymarte y Doppler. Durante su periodo contractual con la UPRE, los ingresos de estas empresas dependieron entre el 65 y 100 % de los contratos con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Estas compañías tampoco respondieron las preguntas enviadas a sus correos electrónicos institucionales.
Retrasos sin consecuencias
Una de las razones que aducía la UPRE para asumir el sistema de adjudicaciones directas sobre el esquema de licitaciones fue que agilizaban los procesos y así las obras se entregaban más rápido a los beneficiarios. Pero paradójicamente, más del 50% de las infraestructuras terminaron con ampliaciones de plazo, con hasta tres veces más del tiempo estipulado. Aunque las compañías que incumplían debían pagar una penalización económica por día de demora, en los papeles figuran que las infractoras cobraron la totalidad del monto. La UPRE debió haber descontado la multa en la última planilla de cierre del proyecto, como mandaban los contratos, pero en esos documentos no figuran esos cobros.
El módulo 8 del Complejo Hípico de la Escuela Militar de Cochabamba es un claro ejemplo. Tenía que ser ejecutado en 210 días calendario, pero la empresa Suárez Consultoría y Construcción se benefició con una ampliación de 628 días más. Aún así, la compañía entregó el proyecto con 35 días más de demora. Por ese retraso debía cancelar 355 mil bolivianos, pero figura como si no se hubiese cobrado, según cruce de información entre el acta de recepción y el formulario de cierre.
No fue un caso aislado. Se calcula que el Estado no recuperó al menos 36 millones de bolivianos (5,1 millones de dólares) por infracciones de demora y 1,5 millones de bolivianos por no ejecutar boletas de garantía.
Las razones de los retrasos de las obras son variadas, pero generalmente están relacionadas a cambios durante la construcción del proyecto. Al Estado le terminaron por costar 65 millones de bolivianos (9,4 millones de dólares) más de lo estipulado en los contratos originales. Por ejemplo, el hospital Manuel Ascencio Villarroel de Punata, construido por la empresa Varing, terminó costando 6,8 millones de bolivianos (11,4 %) más de lo acordado inicialmente. Como esta, al menos hay otras 77 obras que aumentaron sus precios.
Tanto Eduardo Velarde como Walter Vásquez, de las empresas Velarde y Covas respectivamente, justificaron los retrasos en las entregas por problemas de importación de materiales, rediseños u otras cuestiones que escapaban a sus voluntades. Señalan que, al menos en sus casos, pese a certificar esas demoras ante la UPRE, la entidad igual les aplicaba las multas. En la construcción del Complejo Deportivo Evo Morales -uno de ocho proyectos ejecutados-, el empresario Vásquez relató que, tras haber hecho un “buen” descargo, le prometieron que la multa que figuraba en los papeles no la iban a cobrar, pero finalmente no le cumplieron.
La UPRE y el Ministerio de la Presidencia no respondieron la solicitud de información enviada por el equipo de periodistas de esta investigación para explicar si el cobro de las multas a las empresas infractoras se había aplicado bajo otros mecanismos.
Contratos adjudicados por la UPRE
Obras en el limbo
El estado actual de las obras también habla de la forma en que se gestionó este programa. Durante una visita al colegio Carmen Mealla de Tarija, uno de los maestros relató que los estudiantes no habían ocupado ni un año la instalación cuando fueron enviados a sus casas por la pandemia de la covid-19. Al retornar en 2022 encontraron que el cielo falso que cubría el techo en el bloque del kinder estaba en el suelo, los focos a punto de caerse y había marañas de cables eléctricos sobresalidos por todas partes.
La empresa Elecon SRL se llevó 18 millones de bolivianos (2,6 millones de dólares) por esa obra educativa adjudicada por la UPRE. El dueño de esa compañía, Mario Alfredo Villena Morales, también fue representante legal de Ibaza SRL, otra de las más beneficiadas del Bolivia Cambia Evo Cumple. Esa empresa estuvo a cargo de la construcción del estadio de Uriondo, cuyo campo deportivo está hundido, y del Mercado Abaroa de Tarija, que tiene fisuras en las paredes y un techo tan débil que no aguantó una granizada. Esto generó filtraciones de agua durante el primer año de su entrega. “Aquí llovía más adentro que afuera”, relató Marisol Condori, presidenta de las vendedoras del mercado. Ambas compañías fueron consultadas sobre estas fallas, pero no respondieron a las preguntas enviadas.
También al sur de Bolivia, en la provincia O' Connor de Tarija, se erigió en el año 2020 un estadio de fútbol para 12 mil espectadores en una región con algo más de 21 mil habitantes. En la instalación, que costó 50 millones de bolivianos (7,2 millones de dólares), no se ha jugado ni un partido interbarrial. La obra construida por la empresa Frama ahora luce abandonada, las aceras exteriores están cubiertas de lodo y los arbustos de más de un metro de altura cubrieron todo el campo deportivo. Se envió un cuestionario a Frama, pero no se recibieron respuestas hasta el momento de esta publicación.
En Huatajata La Paz, al noroeste del país y a orillas del lago Titicaca, el alcalde Timoteo Gutiérrez contó que quiere auditar la Casa Consistorial construida por la empresa Velarde en el 2014. Al año siguiente de su entrega, la instalación presentó rajaduras en la infraestructura y la constructora dejó un ambiente de 30 x 7 metros sin puerta ni otra forma de acceder, según corroboró un equipo de periodistas para esta investigación. Desde la compañía respondieron que cumplieron con ejecutar el diseño que les dio la UPRE. Dicen que les advirtieron de la falla, y que, pese a la insistencia, la entidad no quiso corregir esta falencia. Prueba de ello es el acta de recepción final de la UPRE donde no consta ninguna observación.
Para este reportaje, también fue visitado el Mercado Santa Rosa financiado por la UPRE en el municipio de El Alto, una de las ciudades con más crecimiento poblacional del país. Allí se pudo constatar que, de 500 puestos de venta, sólo una decena están ocupados, mientras que los demás lucen vacíos.
Pese a que parlamentarios y autoridades del Ejecutivo se comprometieron a investigar las denuncias de irregularidades del Bolivia Cambia Evo Cumple, solo se quedaron en los anuncios.
La Contraloría General del Estado apenas hizo una auditoría a los proyectos ejecutados exclusivamente por la UPRE entre los años 2012 y 2022, y lo único que detectó fue la falta de un tablero en el puente Huayculi, cerca de Cochabamba. El caso se cerró luego de que los involucrados repusieron ese ítem. En cambio, la Contraloría centró su atención en otras entidades que manejaron menos recursos del programa. Reportó que hizo auditorías a 10 proyectos ejecutados por gobiernos locales con dinero de la UPRE, y determinó que hubo responsabilidad civil por incumplimientos que no fueron detallados en la respuesta a una solicitud de información para esta investigación.
El último cambio en el programa ocurrió con la llegada de Luis Arce a la presidencia de Bolivia en el año 2020: ahora, el plan se llama solo Bolivia Cambia —sin el Evo Cumple—. A quienes sí parece que ha cumplido el expresidente Morales fue a un selecto grupo de empresarios cercanos a su Gobierno y a algunos de sus aliados políticos, quienes fueron parte de los que se llevaron casi la mitad de cuatro mil millones de bolivianos por obras, algunas de ellas abandonadas, con fallas o sobredimensionadas.
Mientras tanto, don Jacinto ya no quiere vivir atemorizado por los malvivientes que habitan en el instituto de su barrio, los estudiantes del colegio Carmen Mealla ruegan para que no se caiga todo el techo, en O`Connor los vecinos quieren que le quiten los candados al estadio y el alcalde de Huatajata espera que establezcan responsables por sus oficinas defectuosas. Hasta ahora, todo esto ha quedado sin consecuencias.
