Luego de más de cuatro horas de llevarse a cabo una reunión, gestionada por la Gobernación, y que logró congregar a los alcaldes de Colcapirhua, Nelson Gallinate, y de Tiquipaya, Juan Pahuasi, para dar fin al conflicto limítrofe que derivó en el cierre de la avenida Blanco Galindo desde ayer, la mesa de diálogo se rompió.
“Nosotros hemos hecho todas las prerrogativas del caso social, técnico e incluso administrativo, pero ninguna autoridad cede. Ya vemos como un capricho de las autoridades que utilizan a los dirigentes, a las organizaciones sociales, con el pretexto de que hay problema de límites. En el gobierno departamental no hay ninguna demanda de límites ni del gobierno municipal de Tiquipaya ni del gobierno municipal de Colcapirhua”, informó al respecto el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez.
Debido a que no hay una petición al respecto, Sánchez solicitó a ambos municipios la presentación de una demanda de límites territoriales formal, la cual tendrá “toda la celeridad” del caso, enfatizó.
CONFUSIÓN
La primera autoridad departamental indicó que existe una “confusión” por parte de Tiquipaya y Colcapirhua, puesto que las resoluciones ministeriales homologadas por el Gobierno que presentaron no definen los límites territoriales que dicen ser avasallados.
“Eso confunden ellos, que están siendo avasallados unos a otros. No hay avasallamiento porque no se conoce los documentos para resolver el tema de límites”, explicó Sánchez.
El Gobernador también invocó a ambas autoridades a “deponer actitudes”, pero lamentó que “ninguno cede”.
LÍO POR CALLE
El lío limítrofe explotó la pasada semana, a raíz de la construcción de una avenida en Rumi Mayu, acción que fue suficiente para desatar un enfrentamiento entre pobladores de Colcapirhua y Tiquipaya, que dejó varios heridos. Para muchos lugareños, lo ocurrido entonces se asemejó a una “batalla campal”.
En la reunión de hoy, Tiquipaya planteó concluir la obra y que Colcapirhua asfalte otra avenida. En contraposición, Colcapirhua pidió a la Gobernación paralizar la construcción de la avenida en Rumi Mayu o que ambos municipios ejecuten la obra en una proporción del 50% de gastos.
Al respecto, Sánchez fue contundente y aclaró que la Gobernación “no es competente para paralizar una obra”.
POLICÍA
El Gobernador insistió y volvió a pedir a los alcaldes “que no perjudiquen a la población”. Recordó que todos los ciudadanos tienen derecho a la locomoción y a transitar libremente. Ante ello, solicitó al Comando Departamental de la Policía “tomar cartas en el asunto” y garantizar el cumplimiento de estos derechos.
