La sentencia final del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto de la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por el diputado, Leonardo Ayala (Creemos), tendrá que esperar hasta fin de mes, que es el plazo que fijó el ente constitucional para decidir sobre este tema.

“Hasta finales de julio tenemos para dictar la sentencia constitucional. Estamos conforme a procedimiento, se ha sorteado, hay un magistrado relator que está haciendo los trámites necesarios y los nueve magistrados tenemos que revisar y determinar si aprobamos la sentencia constitucional”, declaró la magistrada, Karem Gallardo, a los medios de comunicación en Sucre.

El 27 de abril pasado el TCP emitió el auto constitucional 0186/2023-CA mediante el cual paralizó el proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial. Luego de los trámites internos se conoció que el 30 de mayo fue sorteado y según el Código Procesal Constitucional tiene hasta 45 días para hacer conocer su sentencia, ese plazo se cumple el 3 de agosto próximo.

La comisión mixta de Constitución de la Asamblea intentó reabrir el proceso obviando la sentencia que debe emitir el TCP en un intento por garantizar la preselección de candidatos. Vanos fueron los esfuerzos, los propios legisladores acogieron la recomendación del vicepresidente, David Choquehuanca, quien pidió a los legisladores ser pacientes y esperar el fallo final del TCP.

“Es una pena que tengamos que estar dependiendo de lo que dicen los magistrados, nos hacen ver mal a la Asamblea Legislativa, cuando ellos recurrentemente están esperando el tiempo, ¿cuál será su intencionalidad? tal vez seguir retrasando realmente el proceso”, protestó el presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Freddy Velásquez.

En su opinión, son los propios magistrados del ente constitucional los que deliberadamente esperan sus plazos con el objetivo de hacer fracasar la elección de nuevas autoridades judiciales del país.

“Vamos a actuar en consecuencia, de acuerdo con nuestro mandato y obligaciones que están establecidas en la Constitución”, justificó la magistrada Gallardo cuando le consultaron si era posible que entreguen antes esa sentencia.