Aunque tiene plazo hasta el 2 de agosto para resolver un recurso, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no considera la premura de las elecciones judiciales y, al contrario, boicotea el proceso en el afán de prorrogar a los magistrados del órgano.

Dichas consideraciones fueron expuestas en La Razón Radio por la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame, quien también cuestionó la incapacidad de la Asamblea Legislativa de “reconducir” la preselección de postulantes suspendida con una medida cautelar por el TCP.

El 27 de abril, a instancias del diputado de Creemos Leonardo Ayala, que presentó una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la convocatoria y reglamento de elecciones judiciales, el TCP frenó el proceso.

Hasta este lunes, dicho tribunal no expresó posición alguna, a pesar del reclamo de la Asamblea Legislativa y del propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) de considerar la premura de los comicios.

Consultada sobre la hipótesis de que el TCP boicotea las próximas elecciones judiciales, la senadora Salame respondió: “Al TCP no le ha caído bien el hecho de que, de principio, yo haya manifestado que no iba a haber la re-re-re-elección para ellos”.

TCP

En criterio de la legisladora de oposición, a los magistrados del TCP no les gustó la idea de evitar la repostulación de autoridades electas en comicios anteriores. “La CPE es absolutamente clara cuando dice que no podrán postularse para el mismo cargo, eso se han inventado”, cuestionó.

“Supongo que por esa razón es que ellos han tejido todo un ardid para ver cómo podían hacer fracasar este proceso de elecciones”, dijo la senadora Salame.

Según el Código Procesal Constitucional, admitida la acción respectiva, dicha comisión notificará al órgano emisor de la norma impugnada “para que el plazo de 15 días se apersone y presente el informe correspondiente”. Según Salame, la presidencia de la Asamblea Legislativa respondió a ese requerimiento el 2 de mayo.

Denunció que, “recién el 31 mayo”, el TCP sorteó la causa. Sin embargo, consideró que el tribunal tiene 45 días —descontando los feriados de Corpus Christi y Año Nuevo Aymara— para resolver la acción. Es decir, “está en plazo” hasta el 2 de agosto.

Sin embargo, consideró que, en este caso, el TCP es “juez y parte”. Advirtió incluso con un juicio de responsabilidades en caso de comprobarse de que las actuaciones de ese órgano son adrede.

La semana pasada, en una entrevista con La Razón Radio, la vocal del TSE Dina Chuquimia afirmó que el TCP debía considerar como una “prioridad de Estado” la respuesta a la premura de las elecciones judiciales. Sin embargo, calculó que hay tiempo para las elecciones para el primer domingo de diciembre.

Dato

Y el viernes, la Comisión Mixta de Constitución aprobó, tras una votación, esperar la decisión del TCP antes de tomar cualquier determinación. Salame es de la idea de que el proceso de preselección de postulantes deba ser “reconducido” con una ley reglamentaria concertada entre las alianzas.

El día de los comicios, los bolivianos elegirán 23 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia y del Tribunal Agrario, y tres del Consejo de Magistratura.

Según la ley, los jueces y consejeros vigentes cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024.

Hubo dos elecciones judiciales anteriores, en 2011 y 2017.

(11/07/2023)