La preparación de las elecciones judiciales para renovar a las autoridades de los máximos tribunales del Órgano Judicial está detenida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a la espera de que una de esas instancias del Órgano Judicial resuelva un recurso vinculado al proceso.

Esta situación complica de curiosa manera un procedimiento cuyos plazos son cada día más cortos y que debiera conducir a la elección, por voto popular de los magistrados que integran los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.

“Consideramos necesario que hasta el 6 de julio se pueda lanzar nuevamente la convocatoria por parte de la ALP, para que puedan contar con 60 días que la ley prevé para llevar adelante el proceso de preselección y el Órgano Electoral tenga los 100 días para la organización el proceso de votación”, anunciaba el 29 de junio el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral.

Esas fechas corresponden a los plazos del proceso, reformulados por una ley transitoria de principios de junio.

Esos comicios tendrían que realizarse, en principio, el 3 de diciembre. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) impuso a fines de abril la paralización del proceso, y tiene hasta agosto para emitir su fallo respecto del recurso de acción de inconstitucionalidad abstracta presentado por un diputado opositor contra la convocatoria y reglamento de preselección de candidatos.

Y el próximo lunes, la ALP entra en receso hasta el 31 de julio.

Este embrollo genera un ambiente de urgencia cada día mayor y tiene como fin la realización de unas elecciones que, en su tercera versión, parece condenada a tener los mismos resultados que quitan legitimidad a la investidura de las autoridades judiciales.

Nada más como ejemplo, citemos que, en promedio, el 60 por ciento de los votos para elegir en 2017 a los miembros del TCP fueron nulos o blancos. Similares resultados corresponden a las primeras elecciones judiciales, realizadas en 2012.

Peor aún, la suma de todos los votos (618.168) que recibieron en 2017 esos tribunos que hoy paralizan el proceso representa una cifra inferior a la de las firmas colectadas para apoyar la realización del referendo constitucional para la reforma judicial: 833.115.

Así, resulta que este laberinto de desacuerdos y acuerdos para determinar cómo la ALP, de mayoría oficialista, seleccionará a unos candidatos de incierta aptitud para postular a dirigir el Órgano Judicial, evidencia la precariedad, actual y futura, de esa instancia estatal esencial para la vigencia plena de la democracia.