Religiosamente, en cada proceso electoral surge un conflicto entre las regiones del país por la distribución de escaños en la Cámara Baja. El 2013 se estableció por primera vez un procedimiento técnico explícito para tal fin. Sin embargo, la tensión y la desconfianza entre las regiones continúan latentes. Esto se ha visto reflejado en octubre del año pasado cuando Santa Cruz llevó adelante un paro cívico con el que se paralizaron actividades económicas y comerciales por cerca de 40 días. El motivo de esta medida fue exigir al gobierno central la realización del censo, ya que, a partir de este recuento se obtienen los datos de población y es con estos datos que se distribuyen los recursos económicos y los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Volviendo a la legislación electoral, la Ley 421 establece un “sencillo” procedimiento técnico para distribuir los escaños en la Cámara Baja a partir de dos criterios: proporcionalidad poblacional y equidad. El primero hace referencia a que los departamentos reciben una cantidad de escaños proporcional a la cantidad de habitantes que viven en ellos. Ojo que este criterio no es necesariamente equitativo dentro de un país que muestra grandes diferencias en desarrollo entre sus regiones. Es por ello que, por el criterio de equidad, la ley fija un mínimo de escaños para aquellos departamentos con menor población (tradicionalmente aquellos fuera del eje troncal) y menor grado de desarrollo económico.

La propuesta planteada en el documento de trabajo “Cambios en la población y distribución de escaños en la Cámara Baja: una simulación a partir de diferentes fuentes de datos”, que realizamos juntos a Natalia Peres, tiene que ver precisamente con el segundo elemento del criterio de equidad, es decir, la distribución de escaños por menor grado de desarrollo económico. La normativa vigente utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD para determinar este criterio. Esta medida se compone de indicadores económicos y sociales (PIB per cápita, esperanza de vida y otros indicadores de educación). El punto aquí es que este índice no es medido oficialmente por Bolivia y actualmente la desagregación por departamento la hace una organización llamada Global Data Lab con sede en los Países Bajos.

En este contexto, nosotros quisimos averiguar qué sucedía si se aplicara la normativa vigente, pero reemplazando el IDH por otros indicadores que también busquen aproximar el desarrollo económico de un departamento. Para ello nos propusimos trabajar con 4 enfoques monetarios y uno más multidimensional. Nuestra primera propuesta fue el PIB per cápita departamental para aproximar desarrollo económico en base a la producción valorada a precios de mercado; es decir, la capacidad de generación de valor agregado que tiene cada departamento.

Las siguientes dos alternativas hacen referencia a niveles de pobreza (moderada y extrema). En la literatura económica se ha estudiado y ratificado que, a mayor crecimiento económico, menos población pobre habrá. Es por ello que, utilizando la medida oficial del INE proponemos aproximar desarrollo económico en base a la población no-pobre que tenga un departamento (mientras mayor población pobre, menor desarrollo económico). La diferencia entre estas las dos medidas de pobreza mencionadas es que la pobreza extrema se refiere a la incapacidad de una persona de generar los recursos económicos suficientes para acceder a una canasta de alimentaria básica; mientras que la pobreza moderada refiere a una canasta de bienes y servicios mínimos para tener una vida “decente”.

De manera similar, la cuarta propuesta combina la desigualdad de ingresos y pobreza presente en un departamento. Esta información se resume en un indicador de pobreza propuesto por el ganador de premio Nobel Amartya Sen y bautizado con su apellido (indicador de pobreza de Sen).  Finalmente, la quinta alternativa tiene un enfoque multidimensional y propone un indicador de pobreza compuesto por salud, educación y estándares de vida, tal como propone la Universidad de Oxford.

Lo siguiente que hicimos fue simular qué sucedería si aplicáramos el procedimiento de distribución de escaños en el componente de menor grado de desarrollo económico a partir de estas diferentes fuentes de datos. Contrariamente a lo que se podría imaginar, los resultados obtenidos a partir de estas fuentes alternativas no se alejan significativamente de los resultados obtenidos actualmente que hacen uso del IDH, salvo que la cantidad de escaños distribuidos por menor desarrollo podría pasar de 1 a 2.

Estos hallazgos plantean algunas interrogantes sobre el conjunto de datos actualmente empleado y las implicaciones que conlleva su uso. La reflexión sobre su disponibilidad, confiabilidad, periodicidad y legitimidad se convierte en un elemento clave dentro de esta línea de investigación. Las alternativas propuestas proporcionan una visión más amplia, enriquecedora y seguramente actualizada de la realidad económica y demográfica de Bolivia. Sin embargo, no se puede perder de vista que también implican otros costos que vale la pena seguir explorando. 

En cualquier caso, de mantenerse la actual regla, los criterios poblacionales seguirán pesando mucho más (80%) que los criterios de equidad (20%) en la distribución de escaños entre departamentos. Es así que, debido a la dinámica económica y migratoria en Bolivia, el departamento de Santa Cruz recibiría entre 2 y 3 escaños más sí con el próximo censo se corroboran las proyecciones poblacionales del INE. De cualquier manera, más allá de la cantidad de escaños de que puedan ganar o perder los departamentos, a la luz de esta investigación queda pendiente la discusión sobre la representación sustantiva. Es decir, cuánto influye en el desarrollo real de los departamentos ganar o perder “x” cantidad de escaños dadas las características del sistema político boliviano. En definitiva pensamos que la investigación y el debate deberían ir por ahí.

Josue Cortez es economista.