Recordando que anteriormente vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalaron la necesidad de que el Parlamento emita hasta el 6 de julio una nueva convocatoria para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, afirmó que el oficialismo usa el receso parlamentario para dilatar y hacer fracasar el proceso.

En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, Urquidi reconoció que el receso parlamentario está contemplado en el Reglamento General de Debates de esta instancia legislativa, sin embargo, advirtió que existen planes del oficialismo para usar esta pausa como un tiempo para buscar apoyo en favor de normas actualmente estancadas en su aprobación.

Así mismo, sostuvo que existe interés del oficialismo en hacer que el receso dilate aún más el debate por el destino de las elecciones judiciales, anticipando un escenario adverso en este tema.

“Todo parece indicar que se está instrumentalizando el receso parlamentario, más allá de las fechas, para dilatar el tratamiento de proyectos de ley porque los números no les cierran a los del oficialismo y para generar una cortina de humo en el tema de las elecciones judiciales”, dijo.

En criterio del parlamentario representante de Oruro, la reciente determinación de la Comisión Mixta de Constitución, sobre esperar un fallo del TCP en relación al recurso abstracto que paralizó el proceso de preselección, se trata de una estrategia del oficialismo para desechar el proceso o anunciar modalidades de elección que solo beneficien intereses políticos.

“Lo que está claro es que el MAS está usando este receso para seguramente generar un justificativo para decir finalmente que no habrá elecciones judiciales o que se realizarán bajo ciertos criterios totalmente dirigidos”, afirmó Urquidi.

Sobre los plazos requeridos inicialmente por el Órgano Electoral para garantizar la transparencia y la confiablidad del proceso, el legislador de oposición aseguró que “prácticamente han fenecido”, lo que pone en duda la fiabilidad de los comicios judiciales, en caso de realizarse.

“El Tribunal Electoral fue claro desde un principio al señalar que requerían de un mínimo de 120 días. Se les fue reduciendo esos plazos y hoy el TSE está en un escenario totalmente preocupante”, afirmó.

Ante este panorama, Urquidi lamentó que el MAS esté conduciendo al país a lo que considera el “peor fracaso” en el ámbito judicial, mismo que no podría compararse a las experiencias de 2011 y 2017, pues en esta oportunidad no se puede garantizar los resultados ni la calidad del proceso.

Adelantando una elección en la que nuevamente el oficialismo tendrá la oportunidad de direccionar el proceso, Urquidi reiteró que la principal fuerza de oposición en la ALP no dará los dos tercios “para que el MAS siga manejando la justicia”.

El jueves, en su 17° Sesión Ordinaria, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobó la resolución que establece el receso parlamentario de medio año entre el 17 y el 31 de julio. Los parlamentarios, senadores y diputados deberán retomar sus funciones el 1 de agosto.

Ayer, la Comisión Mixta de Constitución de la ALP determinó esperar un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el recurso abstracto que paralizó el proceso de preselección, antes de tratar la posible aprobación de un nuevo reglamento y convocatoria para las elecciones judiciales.

La senadora oficialista, Patricia Arce, presidenta de la Comisión, detalló que, de 11 asambleístas habilitados para votar, cinco optaron por continuar con esta labor en la instancia legislativa y seis votaron en contra. “Me siento muy apenada y pido mil disculpas a la población boliviana; una vez más, se vulneran los derechos de la Asamblea”, expresó Arce.

El pasado mes de junio, el vocal Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, consideró necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional emita hasta el 6 de julio la nueva convocatoria de preselección para los aspirantes a las elecciones judiciales, para realizar los comicios en diciembre y posesionar a las nuevas autoridades en enero.

“Es necesario que hasta el 6 de julio se pueda relanzar o lanzar nuevamente la convocatoria por parte de la ALP, para que puedan contar con 60 días que la ley prevé para llevar adelante el proceso de preselección y el Órgano Electoral tenga los 100 días para organización de la votación, sí es que se quiere llegar al 3 de enero de 2024 con autoridades posesionadas”, explicó.

El proceso se encuentra interrumpido desde el pasado jueves 27 de abril, cuando el TCP suspendió, por segunda ocasión y de forma provisional, el proceso de preselección de candidatas al Tribunal Supremo Electoral, TCP, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Esto a raíz de una acción de inconstitucionalidad abstracta, planteada por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, contra el reglamento y la convocatoria de la preselección judicial. El plazo límite para la resolución de este recurso vencerá en los primeros días de agosto próximo.