El nuevo estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) muestra que los liderazgos no creen que haya una reforma de la Justicia durante el gobierno de Arce y tienen dudas sobre la realización de las elecciones judiciales 2023. Dichos comicios están congelados a la espera de una determinación del TCP. Y los estrechos plazos definidos por ley están al límite.

A estas alturas, parece haber dos percepciones muy claras respecto al sistema de administración de justicia en el país. La primera es que la gran mayoría de la población desconfía de dicho sistema. La segunda percepción es que difícilmente habrá una reforma sustantiva en este campo. Es el peor escenario: la Justicia continúa en situación de crisis y no hay condiciones, ni voluntad, para superar dicha crisis. Peor todavía: el camino para la renovación de las altas autoridades judiciales está paralizado.

Esas percepciones aparecen nítidamente en el grupo plural de actores políticos, analistas y periodistas consultados en el estudio de la FES. Más del 90% ven poco o nada probable que se logre en el corto plazo una reforma judicial. Y perciben que la crisis del sistema irá en aumento. En cuanto a las elecciones judiciales, más del 70% considera que se bloqueará con nuevos recursos jurídicos. Como la acción de inconstitucionalidad planteada por un diputado opositor, hoy en manos del TCP.

Por mandato de la Constitución, cada seis años se elige en votación popular a las cabezas del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Así ocurrió en los años 2011 y 2017, con muy elevado porcentaje de votos blancos y nulos. La nueva elección debe hacerse como máximo el 3 de diciembre próximo. La Asamblea tiene 60 días para la selección de postulantes y el TSE 100 días para organizar los comicios. Los plazos no cuadran.

En ese marco, el citado estudio Delphi perfila tres escenarios, todos muy malos para la institucionalidad y la democracia. El primero es que la elección se postergue sin fecha por efecto de las acciones constitucionales en curso. El segundo escenario es que finalmente el camino se allane, pero los plazos no alcancen. Y el tercero es que se logre emitir pronto una nueva convocatoria y reglamento, pero no haya los dos tercios requeridos para seleccionar postulantes, esto es, no se llegué a las urnas.

¿Qué pasaría si el 2 de enero de 2024, cuando deben posesionarse las nuevas autoridades judiciales, resulta que todavía no han sido electas? Las dos salidas son deplorables: que se prorrogue el mandato de los actuales magistrados y consejeros (electos en 2017) o, lo más probable, que se designen nuevas autoridades interinas por decreto. Hay antecedentes al respecto. Así, a la cada vez peor crisis del sistema judicial se sumará un problema de legitimidad de origen de sus principales operadores.