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7 de julio de 2023, 4:00 AM
La décima tercera sesión del Consejo Nacional de Autonomías se realizó ayer en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz, y emitió una resolución de siete puntos que, entre otros aspectos, respalda el trabajo llevado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la etapa preparatoria del Censo de Población y Vivienda, previsto para el 23 de marzo del próximo año.
En la reunión de coordinación no estuvieron presentes el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario no recibió la notificación para trasladarlo desde el penal de Chonchocoro, donde se encuentro con detención preventiva desde el 30 de diciembre del año pasado, ni el gobernador de La Paz, Santos Quispe.
El documento consensuado ayer contempla en su primer punto que el Consejo Nacional de Autonomías relieva el trabajo conjunto realizado entre todos los niveles de Gobierno que permitió “lograr importantes avances en la realización de un censo con consenso”.
En el segundo punto, dio su “conformidad” y ponderó “positivamente los avances técnicos del proceso censal en sus diferentes etapas, así como las socializaciones, convenios suscritos y alianzas estratégicas conforme al informe brindado por el INE”. En el mismo punto, resaltó que los “progresos expuestos brindan certezas a la población sobre esta herramienta fundamental” que servirá para la planificación del desarrollo económico y social del país.
En el tercer punto, el Consejo resuelve coordinar con las entidades territoriales autónomas los planes de contingencia y apoyo a los departamentos que pudieran verse afectados por factores climatológicos en las fechas de la realización del empadronamiento censal, y “llevar a campañas comunicacionales que coadyuven a minimizar los efectos negativos de la migración interna”.
Fortalecer, en el cuarto punto, la coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, así como con sus gobiernos autónomos, durante “todo el proceso censal, tomando en cuenta sus características territoriales y culturales, según sus normas y procedimientos propios”.
El quinto punto resolvió “reafirmar que el INE, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, es la única entidad competente a nivel nacional que puede producir y publicar estadísticas oficiales, así como realizar censos oficiales”.
El encuentro decidió en el sexto punto “ratificar el compromiso de apoyo” de las entidades territoriales autónomas y de todos los que componen el Consejo Nacional de Autonomías al proceso censal “evitando la politización del mismo”.
Y, finalmente, resolvió “reiterar la importancia de que el INE continúe con la realización de informes periódicos sobre los avances del proceso censal”.
La definición de la fecha del censo se logró el 26 de noviembre de 2022, después del paro de 36 días que se cumplió en Santa Cruz, para exigir la realización de la gran encuesta nacional.
En esa oportunidad, el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunciaba que se levantaba el paro y calificaba esa jornada como “día histórico” porque “ganó la democracia”.
También anunció que los cruceños se declaraban “en vigilia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del Gobierno nacional hasta septiembre de 2024”, cuando está prevista la redistribución de recursos estatales en función de los resultados del censo, “y las elecciones de 2025”.
Santa Cruz comenzó la protesta de 36 días el 22 de octubre, tras cumplir paros de 24 y 48 horas para exigir al Gobierno que el censo se realice en 2023.
La encuesta nacional debía hacerse en noviembre de 2022, pero en julio de ese año el presidente Luis Arce la postergó para 2024 argumentando “problemas técnicos”, lo que provocó la protesta.
El paro estuvo marcado por enfrentamientos entre sectores afines al Gobierno con los que promovían la protesta. La Policía actuó con mucha dureza.
El gobernador Luis Fernando Camacho fue detenido en Santa Cruz el 28 de diciembre del año pasado, trasladado a La Paz y recluido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro. Uno de los temas es el supuesto golpe de Estado de 2019, pero también en represalia por los 36 días.
En abril de 2023, la Fiscalía inició procesos y citó a Rómulo Calvo; el rector y vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas, respectivamente y el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, asesor de la U.
La denuncia fue realizada por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al MAS, Marcelo Mayta, el 11 de noviembre del año pasado, y aceptada por la Fiscalía dos días después.
Se los acusa por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, y terrorismo.
La ausencia de Camacho
Camacho, quien está recluido en la cárcel de Chonchocoro no pudo llegar a la cita, pese a que su defensa tenía la autorización de un juez.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que “se descarta oficialmente cualquier tipo de salida porque no ha llegado ninguna orden” o notificación ni por vía digital ni por vía física. Nosotros, como administración penitenciaria, no hemos conocido oficialmente”, afirmó el funcionario en un contacto con periodistas en La Paz.
Según el funcionario, el hecho de que no haya llegado la notificación a tiempo, “ya es ajeno a la administración penitenciaria” y que, cuando se trata de salidas judiciales, los plazos establecen que se debe notificar con una anticipación de 48 horas o mínimo 24 horas.
El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, consultado sobre la ausencia de Camacho y la de su colega de La Paz Santos Quispe, respondió que la convocatoria se la realizó con la anticipación y los plazos correspondientes.
“La convocatoria era presencial. Con siete gobernadores presentes hubo el quórum correspondiente. Ratificamos que en esta sesión las decisiones se tomaron en consenso, es decir, por unanimidad”, dijo el viceministro Ruiz.
El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, no quiso comentar la ausencia de Camacho. “Cada autoridad es responsable de su departamento, acudir o no a las convocatorias. La ley establece que no se puede delegar a ningún representante y la convocatoria llegó con la debida anticipación”.
Este medio le consultó que en este caso Camacho está preso, y él admitió que en la reunión nadie reclamó por qué Santa Cruz no estuvo representada. “Yo soy un miembro más del consejo. Sobre su traslado habría que preguntar a las autoridades. Este encuentro tuvo el quórum respectivo y en ese marco se desarrolló en el ámbito de la legalidad.
El constitucionalista Gustavo Mendoza Orozco, explicó que el artículo 123 de la Ley 031 marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”, dispone que la conformación del Consejo Nacional de Autonomías “no es discrecional, aleatoria o por un simple criterio político, según la citada disposición.
Está conformada por el presidente del Estado Plurinacional, tres ministras o ministros del Órgano Ejecutivo Plurinacional: de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Autonomía, este último en calidad de vicepresidenta o vicepresidente del consejo y que podrá suplir a la presidenta o presidente en su ausencia. Los gobernadores de los nueve departamentos del país, cinco representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, cinco representantes de las autonomías indígenas originarias campesinas. Una de las autonomías regionales”.
Sin embargo, destacó que no hay nada escrito en caso de tener un gobernador preso. “Tal vez se pudo habilitar al vicegobernador”. El representante de Amdecruz, alcalde de El Torno, Heriberto Cuéllar, afín al MAS, culpó a la Gobernación. “Ellos debieron realizar las gestiones para enviar a alguien, pero no las hicieron”, dijo.
