La desconfianza ciudadana en el sistema de administración de justicia y las evidencias de su falta de independencia respecto del poder político, especialmente del Órgano Ejecutivo, no son una novedad en Bolivia ni resultan ser solo una idea generalizada, pues han sido constatadas por misiones internacionales.

Menos conocidas son las posibles consecuencias que podrían tener en la interacción social esas taras que ensombrecen al sistema judicial nacional.

Un asomo de ello es ahora accesible gracias a los resultados de un estudio reciente y sin precedentes. Se trata del Índice de Percepción Ciudadana sobre la Justicia en Bolivia (IPCJ) elaborado por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, en coordinación con la Fundación Construir.

El IPCJ es parte del Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia, 2022, presentado la semana antepasada y disponible en el sitio web de la mencionada fundación.

El Índice resulta de un trabajo de acopio y sistematización “de las percepciones de la población boliviana sobre el desempeño del sistema de justicia en diferentes dimensiones de acción, incluyendo eficiencia, confiabilidad, transparencia e independencia”, a partir de la aplicación de una encuesta de opinión pública aplicada en los ocho mayores municipios del país y 10 intermedios, en los nueve departamentos.

La evaluación que hacen los bolivianos del estado y funcionamiento de la justicia boliviana es “mala o al menos (…) insatisfactoria. Tanto en la confianza que inspiran sus instituciones, la transparencia del sistema, su eficiencia en luchar contra la corrupción, la independencia del sistema, su desempeño general y los principios que regulan su operación, en todas las dimensiones la calificación es insatisfactoria, en el rango de 30 a 40 puntos en una escala de 100 en la mayoría de los índices y en los mejores casos en el rango de 40 a 50 puntos. En todos los casos, la calificación del funcionamiento del sistema no llega al lado positivo de la escala”, señala el informe.

El corolario de esa desconfianza en la administración judicial podría ser la idea que se hacen los bolivianos respecto de “la legitimidad de buscar justicia por mano propia”. Aquí el resultado es preocupante, pues un 45% de los encuestados estima que esa actitud “no es legal, pero se comprende” y un 28% la percibe como un derecho. Solo un 27% opina que “es un crimen y debe ser castigado”.

Esos resultados del IPCJ evidencian “una apertura creciente al uso de la violencia como recurso para resolver conflictos y desacuerdos en un ambiente generalizado de impunidad y desprotección por ineficiencia de la administración de justicia”.