Los asentamientos  “campesinos” con el aval del INRA  en tierras fiscales  se multiplicarán a medida en que se acerquen las elecciones generales porque es el “modus operandi” del partido en función de gobierno de generar presencia en regiones donde no tiene presencia política, asegura el abogado Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra.

El criterio surge luego de la denuncia de dirigentes cívicos del intento de asentamiento campesino en el municipio de San Miguel de Velasco  para la creación de una comunidad.

“Llegaron cerca de 300 interculturales en microbuses contratados para asentarse en un área verde, pero los comunarios se movilizaron y los desalojaron porque consideran un avasallamiento a su territorio, porque es  gente que llega,  desmonta, aprovecha la madera, vende las tierras  y se marcha. Estos asentamiento no tienen fines productivos, sino comerciales”, señaló  José Serrate, presidente de los Comité Cívicos Provinciales 

Denunció que este grupo que intentó asentarse este fin de semana pasado puso a la venta esas tierras vìa redes sociales, cada parcela de  50 héctareas en $us 6 mil.  “Hemos comprobado a través de una llamada a una de las beneficiarias con tierras fiscales que pidió  54 mil dólares por  ocho parcelas, es decir 400 hectáreas”, explicó

El dirigente cívico asegura que bajo esta modalidad,  se han asentado en los últimos 20 años cerca de  2.500 comunidades en la región chiquitana, sin respectar el Plan de Uso de Suelo (PLUS), y generando problemas sociales porque estas  nuevos comunidades no llegan con sus recursos de co-participación sino sólo con sus necesidades,  luego exigen escuelas, salud  y caminos a los gobiernos municipales. “Esas nuevas comunidades no vienen con sus recursos, los municipios tienen que compartir los pocos recursos que perciben porque en la distribución de recursos no están contemplados estos nuevos asentamientos”, explicó.

NEGOCIAN TIERRAS OCUPADAS

Serrate denunció que este grupo que intentó asentarse el pasado fin de semana puso a la venta esas tierras a través de redes sociales, ofreciendo cada parcela de 50 hectáreas por $6,000 dólares estadounidenses. “Hemos comprobado a través de una llamada a una de las beneficiarias de tierras fiscales que pidió $54,000 dólares por ocho parcelas, es decir, 400 hectáreas”, explicó.

El dirigente cívico asegura que bajo esta modalidad, en los últimos 20 años se han asentado cerca de 2,500 comunidades en la región chiquitana, sin respetar el Plan de Uso de Suelo (PLUS), generando problemas sociales porque estas nuevas comunidades no aportan recursos económicos, sino que solo llegan con sus necesidades y luego exigen escuelas, servicios de salud y caminos a los gobiernos municipales. “Estas nuevas comunidades no cuentan con recursos propios, los municipios tienen que compartir los pocos recursos que reciben porque la distribución de recursos no contempla estos nuevos asentamientos”, explicó.

OCUPACIÓN POLÍTICA

El concejal Jesús Mencarí de Concepción, miembro de la bancada de Creemos, puso como ejemplo su municipio chiquitano, donde las comunidades indígenas siempre han sido alrededor de 60, mientras que las comunidades interculturales se han multiplicado y ahora suman 140, lo que ha dado al MAS un mayor peso político, al punto de que en las últimas elecciones generales el partido oficialista ganó en la zona.

Mencarí considera que este avasallamiento no solo se trata de apropiación de tierras, sino también de una cuestión cultural, ya que, en su percepción, las personas que llegan ven la tierra como un bien comercial y no comparten el concepto de territorio que manejan los chiquitanos.