En Bolivia se podría decir que la Justicia es igual para todos. En este caso, igual de mala, aunque tampoco acabaría siendo cierto. Hay algunos que son capaces de “lograr” más cosas que otros en los tribunales y eso no hace a la igualdad, sino a todo lo contrario.

El gran problema de la Justicia en el país es la corrupción, pero no solo, y sobre eso se han escrito miles de páginas de tesis teorizando sobre cómo mejorar ese poder fundamental del Estado.

Es evidente que el problema nace de la precariedad laboral. Los sueldos son bajos aún siendo altos para el promedio nacional, y además los trabajos no son especialmente estables, pues cualquier tarascada con algún igual o superior puede acabar con prometedoras carreras. Así, en la Justicia queda más patente que en ningún otro lado aquello de que todo el mundo tiene un precio y eso otro de que cada cual aprovecha su momento cuando le toca.

Lo que está claro es que de insistir en el formato del autoritarismo y de la judicialización de la política, el estallido social en un país acostumbrado a tomar las decisiones en las calles, está garantizado

Es verdad que los políticos juegan a gusto con estas reglas del juego incluso cuando una parte es más perseguida que la otra. Es verdad que el poder es un fuerte instrumento de presión, pero también lo es el dinero, y así hemos visto a acusados muy evidentes de uno y otro lado acabar saliendo impunes en groseros casos de corrupción, por ejemplo. Es verdad también que cuando de lo que se trata es de cerrar un asunto del oficialismo los jueces actúan con mayor diligencia que cuando se trata de uno de la oposición, que siempre quedan hilos por ahí por donde ir tirando, mientras que es justamente lo contrario cuando toca abrirlos: todo son problemas para que una falta grave se investigue de oficio, incluso cuando se trata de imágenes de un ministro – como el ex de Medio Ambiente – hablando abiertamente de coimas y corrupción, mientras que para abrir un caso contra un opositor vale apenas una tibia sospecha de que algo no fue como se debía.

Hasta aquí el asunto era más o menos públicamente tolerado por cuestiones sociológicas en las que no vale la pena entrar ahora, pero desde hace unos meses vienen trascendiendo casos de corrupción en la justicia que atañen a la delincuencia común, incluso a la más vulgar, incluso a la más peligrosa, y desde luego no parece haber cambiado nada en el último año y medio: en enero 2022 se destapó el caso de un feminicida múltiple condenado que había vuelto actuar en El Alto porque había logrado una prisión domiciliaria, hace dos semanas un asesino de niños supuestamente encarcelado volvió a actuar en Santa Cruz.

No está claro si una elección judicial será la clave para acabar con esta depravación de Justicia que se viene construyendo, donde todo vale, donde no hay criterio unificado, donde cada cual se salva como puede y está “dispuesto a todo” para lograrlo. Lo que está claro es que de insistir en el formato del autoritarismo y de la judicialización de la política, el estallido social en un país acostumbrado a tomar las decisiones en las calles, está garantizado.

Toca ordenar el poder judicial. Toca volver a poner en orden la institucionalidad del país. Toca salvarnos.