La Comisión Mixta de Constitución se reunió para debatir cómo continuarán la preselección de autoridades del Órgano Judicial, sin embargo, hubo dudas sobre los posibles riesgos de continuar el proceso sin conocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ante esta incertidumbre, los legisladores determinaron reunirse este martes y miércoles con esta institución y también con el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca.

“Sugirieron que querían hablar con el Tribunal; conseguimos la reunión y también con nuestro hermano presidente de la Asamblea. Es lamentable tener que llegar a esta situación, pero vamos a insistir”, dijo la senadora y presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce (MAS).

Cuestionó presuntos intereses del TCP para demorar la elección y manifestó que en la reunión pedirán celeridad en el fallo por los plazos fatales ya anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Arce agregó que también el centro del debate estuvo determinado por cumplir el artículo 158, que define las Elecciones Judiciales, de la Constitución Política del Estado (CPE) como la madre de todas las leyes, pese a los futuros fallos y otras posibles determinaciones de instituciones.

La diputada Tatiana Añez, de Creemos, miembro de la Comisión dijo que el TCP se constituyó en un “monstruo” que obstaculiza los comicios, dando paso a que sean procesados si no se llevan a cabo las elecciones.

Por mandato del auto constitucional 0186/2023, la Asamblea Legislativa suspendió el 28 de abril el proceso de preselección de candidatos a magistrados “hasta que el Tribunal (Constitucional) dicte la respectiva sentencia”.

El primer proceso de preselección de candidatos judiciales fue suspendido el 13 de abril. Por decisión de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni. A demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, que observó el requisito de no emitir comentarios políticos.

La senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame advirtió que si no encaminan los comicios serán sometidos a un juicio de responsabilidades. “No se ha impugnado todo el proceso de preselección, sino el reglamento. Debió haberse reconducido el proceso y no esperar hasta ahora”, cuestionó la legisladora y dijo que ni la ley corta funcionó.