Luego de un debate de más de dos horas, la Comisión Mixta de Constitución decidió este lunes viajar a Sucre para reunirse con la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y conocer los alcances del auto constitucional de admisión de la acción de inconstitucionalidad que paralizó el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora del MAS, Patricia Arce, anunció que la reunión está programada para este miércoles con el fin de recibir una explicación sobre los alcances y a “qué se refieren en su auto constitucional de admisión”.

Antes, este martes, los integrantes de la Comisión se reunirán con el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

Si bien la quinta sesión ordinaria de la Comisión se instaló este lunes para aprobar un nuevo reglamento y convocatoria de preselección de candidatos a las judiciales, esto no se concretó debido a los criterios encontrados sobre la admisión y las medidas cautelares dictadas por el TCP sobre la acción presentada el 24 de abril por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.

Mientras el diputado del MAS Juan José Jauregui alegó que el TCP paralizó todo el proceso con una medida cautelar, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución defendió la urgencia de retomar la labor de preselección que por mandato constitucional tiene el Legislativo.

A diferencia de Jáuregui, la senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame afirmó que un reglamento aprobado por ley anularía la resolución 007/2022-2023 objetada por el diputado Ayala y reencauzaría toda la labor del Legislativo para preseleccionar a los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM).

En su petitorio, el diputado Ayala alega que no correspondía la aprobación de una resolución para la preselección de candidatos, sino una ley, como sucedió el año 2017, con la Ley 960, Transitoria para el proceso de preselección y selección de máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura.

Además, pide que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para las elecciones judiciales.

Salame consideró que de aprobarse la ley con dos tercios de voto todo quedaría sin efecto, incluso la medida cautelar del TCP que paralizó la labor de preselección por segunda vez desde el 28 de abril.

Sin embargo, Jauregui argumentó que el auto constitucional de admisión y su medida cautelar paralizó todo el proceso y que, por tanto, no se puede realizar ninguna acción hasta que el TCP emita una sentencia sobre el fondo de la petición.

Frente a estas diferencias, la presidenta de la Comisión decidió que sea el TCP quien aclare los alcances de su determinación en la reunión del miércoles.

Si bien una mayoría de los legisladores apoyó la propuesta de reunirse con los magistrados, la senadora Salame anticipó que no acudirá a la cita porque no necesitaba que le expliquen algo que ella ya entiende como exmagistrada.

“Yo he leído el auto y sé lo que dice, pero tampoco me opongo a que el resto vaya, pero Silvia Salame no va hablar con los del Tribunal”, anticipó.

La diputada Tatiana Añez se sumó a Salame y aseguró que no se “prestará al juego de ir a buscar al vicepresidente y luego al Tribunal Constitucional porque no corresponde”.

“Lo que corresponde es que el Tribunal Constitucional emita de una vez su sentencia y evitar que estemos en este escenario de confrontación y de traba para elegir una justicia independiente”, justificó.

En la sesión, la senadora Arce reveló que el 31 de mayo el TCP sorteó la sala que resolverá la acción de inconstitucional abstracta presentada por el diputado de Creemos y tiene 45 días hábiles, hasta el 2 de agosto, para emitir una sentencia.

“Sortearon el 31 de mayo, ¿cuánto se llevaron?, más de un mes, ahí ya podemos ver cuál es la intención del Tribunal”, cuestionó la senadora antes de declarar un cuarto intermedio en la sesión para concretar los dos encuentros.

En medio de ello, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, instó en esta jornada al TCP a considerar como “prioridad de Estado” la resolución de la acción de inconstitucional abstracta.

Antes, el 27 de junio, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, consideró necesario que el Legislativo emita hasta el 6 de julio la nueva convocatoria de preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales, para que en diciembre se realicen las elecciones y en enero sean posesionadas las nuevas autoridades.