Amenazas e impedimento de fiscalización fueron las primeras acciones de violencia y acoso político que la asambleísta departamental por la alianza Puka Sonqo de Potosí Azucena Fuertes denunció hace más de un año, luego de haber denunciado irregularidades en la adquisición de ambulancias. Su proceso apenas tuvo algún avance hace unas horas atrás. Este es uno de las decenas de casos registrados por acoso y violencia política que registró el Tribunal supremo Electoral (TSE) entre 2021 y 2023.

Ayer, se desarrolló en Cochabamba el Segundo Encuentro Nacional “Buenas Prácticas Y Lecciones Aprendidas en la Prevención del Acoso y la Violencia Política Contra Mujeres en Ejercicio de la Función Político – Pública”, con participación de autoridades electorales, asambleístas departamentales y concejala de los nueve departamentos.

Sobre los casos que llegaron al TSE en ese período, dijo que son 90 casos, hasta mayo reciente.

En el caso particular de Cochabamba, se trata de ocho casos de mujeres que denunciaron acoso y violencia política, procesos que están en el Ministerio Público.

Luego hablamos de el caso de Cochabamba con 32 casos en entre 2021 y 20 22 que algunos casos han sido remitidos al Ministerio Público y esperamos una respuesta oportuna.

El departamento con mayor número de casos es La Paz que, en tres años, sumó 25 denuncias, principalmente de las concejalas de provincias.

Tarija, por su lado tiene 36 casos en total, con mayor incidencia en la gestión 2021, casos remitidos al Ministerio Público.

SIN SANCIÓN

“No hay sanciones hasta el momento, por lo menos de los casos que nosotros hemos remitido al Ministerio Público. En algunos casos, nos han devuelto y, en otros, pues, las concejalas han desistido, por la lentitud que existe en el Ministerio Público. Consideramos que el Ministerio Público, lamentablemente, se ha convertido en un cuello de botella en el entendido que los casos se quedan a dormir al sueño de los justos”, observó la autoridad.

Chuquimia informó que desde la Promulgación de la Ley 243, en 2012, solo se conocieron tres casos que llegaron a sanciones.

“Hace un mes atrás recién hubo la sanción por acoso y violencia política en el en el municipio de Villamontes, y tenemos dos casos que se han dado en el 2019 – 2021. Los temas no avanzan en el Ministerio Público. Nosotros pedimos que estos casos de denuncias de acoso y violencia política sean rápidos, porque las concejalas y las asambleístas departamentales tienen un tiempo de mandato de cinco años, y ya estamos acercándonos a media gestión bueno; en media gestión, también ellas tienen la preocupación del acoso y la violencia política, cuando los suplentes empiecen a presionarlas para que renuncien y puedan asumir la titularidad”.

AGRESIONES

Los casos, según la vocal del TSE, llegaron a agresiones físicas y hasta amenazas de muerte.

“La mayor parte es acoso psicológico, presión psicológica para que la concejala o asambleísta pueda renunciar. Lo psicológico es paulatino, cuando van desmereciendo el trabajo de la persona, de la funcionaria, de la concejala. Se ha visto todo tipo de acoso, psicológico, físico, verbal. Pareciera ser que se ha naturalizado el acoso”, lamentó Chuquimia.

SANCIONES POR LEY

Chuquimia recordó que de acuerdo con la Ley 243, la máxima sanción es ocho años de privación de libertad, si es que se comprueba que realmente hubo violencia.

Por otro lado, se le prohíbe al acosador volverse a presentar ya sea como candidato a algún cargo electivo en el Estado o para ser funcionario público, entre otras sanciones.

En el caso de la asambleísta Fuertes, ella informó ayer que vio “una pequeña luz”, después de más de un año.

“En horas recientes ha sido notificada con medidas de protección en favor de mi persona (…). Un alcalde, de la misma línea del Gobernador, llegó incluso hasta la ciudad de Potosí para amenazar que con sus autoridades originarias y bases iban a hacerme chicotear porque yo estaba informando a la población sobre los proyectos”, manifestó, cuestionando esos extremos.